La libertad de prensa en el eje electoral: Pocas garantías de Castillo y Fujimori para el ejercicio de la comunicación

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“Vamos a respetar rotundamente y fielmente la libertad de expresión y comunicación”, dijo Castillo el último 22 de abril, consultado sobre su polémico plan de gobierno, en una entrevista con radio Exitosa. “Aprovecho para ratificar mi absoluto compromiso (...) con la libertad de expresión y de eso se puede dar fe a lo largo de mis 20 años en política. Puedo no estar de acuerdo con alguna portada en un medio de comunicación, pero jamás he tenido problemas con un medio o un periodista”, manifestó Fujimori ese mismo día en un diálogo con Canal N.

Si bien ambos candidatos han descartado verbalmente cualquier afectación al libre ejercicio de la prensa en sus eventuales gestiones, las dudas pesan -aunque no en igual medida- sobre uno y otro.

Perú Libre y un anuncio intervencionista

Dentro del plan de 77 páginas que el partido del lápiz tramitó ante el JNE para la postulación a Palacio de Gobierno, se menciona a los medios de comunicación hasta en 15 intertítulos diferentes. El ideario los llama “poderosos instrumentos de dominio, de hegemonía cultural” y de “manipulación de masas”.

El texto propone, en su página 30, la “independización” del Perú de la influencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), un organismo de vigilancia y protección de la libertad de expresión y de prensa a nivel regional. Según el ideario, Perú Libre considera que la SIP “concentra el poder mediático continental para defender el poder económico de la oligarquía americana” y que –junto a la Corte IDH– actúa como “pistón de presión contra gobiernos de izquierda o progresistas”.

Desde su perspectiva, la SIP dicta el análisis sobre “qué países cumplen con los estándares de ‘su’ democracia” y que eso es lo que ocasiona sanciones y bloqueo económico comercial contra algunos estados (página 52). Cuestiona también que no exista “un requisito mínimo para que alguien tome un micrófono al aire” (página 29).

Como se recuerda, los correligionarios de Castillo han impulsado esta agenda intervencionista. Samuel Coayla, congresista electo por Moquegua, había señalado la intención de retirar ciertos programas del aire, poniendo de ejemplo los ‘realities’ porque “no llevan a nada”.

Zaira Arias, excandidata por Lima, había incluso amenazado a un periodista: “Vamos a ganar y tu programa y tu persona van a tener que retirarse”, dijo el 16 de abril al ser escoltada por personal de seguridad. La narrativa es compatible con el plan de gobierno, cuya página 20 anuncia, además de una ley que regule a los medios, la eliminación de “la famosa radio y TV ‘basura’”.

En una entrevista emitida por TV Perú el 21 de marzo, el propio Castillo había señalado: “En algún medio de comunicación, lejos de esta farándula, de programas que venden todo tipo de basura, ¿hay algún programa de cultura? No lo hay. Lo que vamos a hacer es llamarlos a ellos [a los canales de televisión] y darles un tiempo prudencial. Decirles que están acá en el Perú. Lo que tenemos que vender al país en sus programas es lo que al país le corresponde. Creo que no podríamos tratarlos con guantes de seda”.

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En diálogo con El Comercio, el abogado experto en libertades informativas, Roberto Pereira Chumbe, explicó que el punto de partida para las propuestas de Perú Libre es “evidentemente ideológico” y busca conferirle al Estado una tutela extensible de los contenidos de radio, televisión y prensa escrita privados.

“Resulta bastante notoria la línea ideológica con la que Perú Libre concibe que la libertad de expresión solo puede ser garantizada por el Estado. Cuando en su ideario se refiere a los medios privados, los califica de ‘vehículos de opresión’, básicamente. Desde ese punto de vista, se entendería que lo que postulan es que el Estado tome un tipo de control y, además, sin la observancia de organismos internacionales”, cuestiona Pereira.

En su “Informe 2021-I de libertad de expresión en el Perú para la SIP”, publicado el 26 de abril, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) menciona el plan de gobierno de Perú Libre y alerta que su propuesta implica “un cambio absoluto en las reglas del juego de la libertad de expresión y los medios de comunicación privados”.

La constitucionalista Gabriela Oporto Patroni indicó que, desde una perspectiva particular de la Constitución, la regulación estatal por sí sola “no es mala”. El problema, señala, se da cuando dicha iniciativa sobrepasa lo esencial y cruza límites con derechos fundamentales, como la libertad de prensa, de expresión y de información.

“Desde una visión de lo que significan los medios de comunicación en democracia, la regulación que pueda hacer el Estado no es inmediatamente negativa. Es decir, algo de regulación existe cuando hablamos de la concesión del espectro radioeléctrico, por ejemplo. También hay regulación sobre los límites de la propiedad cruzada de medios, límites que han sido reconocidos por el Tribunal Constitucional. Lo que sí resulta muy delicado es cuando se pretende regular bajo conceptos, prohibiciones y limitaciones que no son conformes con la Constitución”, expresa Oporto.

El pasado poco confiable de Fuerza Popular

Aunque su plan de gobierno no desarrolla puntos con respecto a los medios de comunicación y, más bien, se centra en el reforzamiento de la transparencia en la información pública y del rol educador del Estado [en su página 48, anuncia un “Centro de Recursos Educativos Digitales y de Radio y Televisión Educativa”], el partido naranja tampoco genera tanta seguridad.

Durante el Congreso pasado (2016-2019), la bancada naranja viabilizó algunos proyectos polémicos y cuestionados en su momento por el CPP, la SIP y la Defensoría del Pueblo. Entre las iniciativas, estuvo el intento de prohibir el trabajo en medios para personas condenadas o investigadas por corrupción; la creación de una ‘veeduría ciudadana’ de contenidos; y la penalización por difundir comunicaciones de mensajería instantánea.

Además, Fuerza Popular aportó 59 de los 70 votos que recibió la ley que regulaba el gasto de publicidad del Estado Peruano, conocida como ‘Ley Mulder’ (en razón de su principal autor, el ahora excongresista aprista Mauricio Mulder). Dicha norma, aprobada por insistencia el 14 de junio del 2018, fue objeto de demandas ante el TC, interpuestas por el Ejecutivo y por un grupo de legisladores. Para octubre de ese año, el alto colegiado la declaró inconstitucional en parte “por vulneración del derecho a la libertad de información”.

Cabe recordar que, el 3 de marzo del 2017, las entonces congresistas fujimoristas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo presentaron el proyecto de “ley que protege las libertades y derechos informativos de la población”. Planteaba prohibir que personas condenadas e investigadas por corrupción sean miembros de directorio, directores periodísticos, editores, productores, entre otros cargos similares.

El texto sugería una “veeduría ciudadana” para que la población “garantice su derecho a la información neutral, objetiva y desinteresada que deben ejercer los medios dentro de la libertad de expresión y de prensa”. En una entrevista con Cuarto Poder, Letona dijo que el proyecto había “pasado por los filtros de la bancada” y que la veeduría propuesta sería “como el semáforo”.

Semanas después, ambas legisladoras retiraron el proyecto, que ya había recibido cuestionamientos de la SIP y de la Defensoría del Pueblo. Presentaron uno nuevo que eliminaba la veeduría y la prohibición para personas investigadas, pero no tuvo más eco. Keiko Fujimori había defendido esta iniciativa públicamente en un video. “Es un proyecto de ley que pretende erradicar a los corruptos de la prensa. No significa una ley mordaza porque la libertad de prensa no está en peligro”, dijo.

Matt Sanders, presidente de la SIP en ese momento, había expresado: “es alarmante esta iniciativa, que se convierte en un instrumento legal para que un gobierno autoritario acuse, señale y procese a un periodista o al director de un medio con la intención de silenciarlo”.

El 3 de octubre del 2017, el entonces congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, presentó el proyecto de Ley N° 1950-CR, con el que pretendía que se incluyan los términos “mensajería instantánea o correo electrónico” al artículo del Código Penal que sanciona la publicación indebida de comunicaciones. Además, proponía agravar la pena de limitación de días libres (la vigente hasta la fecha) a “pena privativa de la libertad no mayor de dos años”, en caso la publicación de una comunicación telefónica o grabación de esta causara “perjuicio a otra persona”. Meses antes de la iniciativa, medios de comunicación habían revelado los polémicos contenidos de un chat grupal de fujimoristas, llamado ‘Mototaxi’.

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La constitucionalista Gabriela Oporto explicó que, si bien en el nuevo periodo congresal Fuerza Popular no está llevando a los mismos legisladores ni ha conseguido una bancada tan amplia, el comportamiento pareciera sistemático.

“No es que este partido se haya necesariamente preocupado por supuestos excesos de los medios, sino que estos proyectos fallidos han respondido más a una pretensión por amedrentar a los periodistas. Desde mi punto de vista, algunas de estas formulaciones se basaban en poner un alto al escrutinio y al periodismo, y eso es peligroso en una sociedad donde los políticos –como el propio TC ha reconocido en jurisprudencia– están en el foco del interés público. Dice mucho de cómo se relaciona este partido con las libertades de información y expresión”, refirió.

El especialista en libertades informativas, Roberto Pereira, coincide con la lectura de Oporto. “Creo que hay dos características perceptibles en el accionar que ha demostrado Fuerza Popular. La primera es que, efectivamente, es un partido muy sensible a la fiscalización que supone el ejercicio periodístico. Podrían alegar alguna situación de intromisión que les diera razón, pero eso no pasa por un control. Entonces, las acciones tomadas dan cuenta de un grupo poco tolerante. Lo segundo que destacaría es un cierto conservadurismo, que de vez en cuando activa propuestas destinadas a controlar o regular. Eso revela un talante poco democrático”, estima Pereira.

—“Un partido no absuelve al otro”—

El expresidente del Consejo de la Prensa Peruana, Gonzalo Zegarra Mulanovich, estima que, en un contrapeso de ambos partidos, lo explícito del plan de Perú Libre enciende más alarmas para la libertad de prensa que los antecedentes de Fuerza Popular.

“Las propuestas de Perú Libre suponen una concentración del poder del gobierno sobre los medios y eso genera legítima preocupación. Yo diría que la balanza de amenazas hoy se inclina con este partido, con una apuesta totalitaria y antiglobalista. Sin embargo, un partido no absuelve al otro, y hay que decir que Fuerza Popular tuvo un manejo nefasto sobre los medios y abusó groseramente de su mayoría durante su quehacer parlamentario. No es que dé garantías. Si nos vamos más atrás en la historia del fujimorismo (con la compra de medios durante el gobierno de Alberto Fujimori), tampoco encontramos buenas referencias”, enfatizó Zegarra.

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