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La Policía Nacional del Perú (PNP) dio a conocer la lista de las personas más buscadas del país y por quienes se ofrecen recompensas que van desde los S/ 30 mil hasta los S/ 2 millones. En esta relación, de acusados por crimen organizado, terrorismo y delitos comunes, salta a la vista los nombres de ex autoridades y un directivo del sector empresarial.
¿Quiénes son estas personas y porqué las buscan?
Tumbes
Gerardo Viñas Dioses, ex presidente regional de Tumbes, es el prófugo por delitos comunes por quien se ofrece la más alta recompensa: S/ 100 mil. Sobre él pesa, desde junio de 2014, una orden de prisión preventiva por colusión agravada, falsedad genérica y abuso de autoridad.
En el 2014 Viñas Dioses se convirtió en el segundo mandatario regional acusado de corrupción con mandato de prisión preventiva. Pese a que la policía de Tumbes afirmó, en ese entonces, y ratificó, un año después, que un grupo especial de inteligencia lo buscaba, Gerardo Viñas está cerca de cumplir dos años en la clandestinidad.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tumbes investiga más de 40 casos que involucran a la ex autoridad de Tumbes y ex funcionarios de su entorno que manejaron un presupuesto promedio de S/.400 millones al año.
Ayacucho
Otra autoridad regional cuyo nombre aparece en la relación de los 15 delincuentes más buscados del país es el gobernador regional electo de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, por quien la policía entregará S/ 50 mil.
Pese a las denuncias por corrupción que pesaban en su contra (de primer mandato) y que en su hoja de vida habría omitido una sentencia en su contra, este político postuló y ganó las elecciones regionales del 2014. Tras asumir el cargo de presidente regional en enero de 2015, en junio de ese año Oscorima Núñez fue sentenciado a 5 años de cárcel efectiva tras ser hallado culpable del delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
La sentencia contra el ex gobernador de Ayacucho también incluye tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una reparación civil de S/ 1’309.000. Las pruebas demostraron que Oscorima compró maquinarias sin licitación por S/ 20 millones en el 2011.
Áncash
La electa alcaldesa de Chimbote, Victoria Espinoza García, es otra autoridad sentenciada por corrupción y buscada por la policía. Por ella se ofrece una recompensa de S/ 50 mil.
En mayo del 2015 el Primer Juzgado Unipersonal de la Corte del Santa encontró culpable a Victoria Espinoza del delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado y la sentenció a 7 años de cárcel y 3 años de inhabilitación al cargo público. Cuatro meses después la Sala Penal de Apelaciones ratificó la sentencia.
La máxima autoridad edil de la Municipalidad Provincial del Santa fue suspendida en el cargo y en su reemplazo el concejo designó al primer regidor de la comuna, Julio Cortez Rojas. Sin embargo, a fines de diciembre Espinoza y Cortez, actual alcalde de Chimbote, fueron condenados a cuatro años de prisión efectiva por el delito de malversación de fondos.
La sentencia en el caso del burgomaestre en funciones recién se hará efectiva si la segunda instancia la ratifica. Se espera que la audiencia se programe para abril próximo.
Victoria Espinoza García, además de las dos sentencias en su contra, afronta otros dos procesos graves por delitos de corrupción. La fiscalía pide hasta 10 años de cárcel para ella.
Confiep
El sector empresarial no se escapa de prácticas ilícitas. Es así que en la lista de los más buscados se encuentra Leilo Balarezo Young, quien fue segundo vicepresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), en su condición de presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).
Balarezo Young, por quien la PNP ofrece ahora S/ 30 mil, fue sentenciado en abril del 2015 a cinco años de cárcel por el delito de defraudación tributaria en agravio del Estado. Junto al directivo fue sentenciado Edmundo Acosta Santa Cruz, contador de la empresa Balarezo Contratistas Generales S.A, en donde el ex segundo vicepresidente de Confiep se desempeñaba como gerente general.
Según la sentencia judicial, la empresa de Balarezo adulteró 176 facturas de proveedores, con las que omitió el pago de impuestos a la Sunat por cerca de S/ 6 millones entre 1995 y 1997.
