“Callao, ¿otro Áncash?”, por Gino Costa

El miércoles pasado fue asesinado en el Callao, de 25 balazos, Wilbur Castillo, quien contaba con un amplio prontuario y el 2012 había denunciado una supuesta red de interceptación telefónica en la que estarían involucrados el alcalde provincial Juan Sotomayor, el gobernador Félix Moreno y el ex futbolista Roberto Martínez.

Aunque cada dos días muere asesinado un chalaco, esta no parece tratarse de una muerte más. Dos semanas atrás, y luego de un paciente trabajo de inteligencia, la policía capturó a 21 criminales de la organización ‘Barrio King’ de Gerson Gálvez ‘Caracol’, aún prófugo. Todo parecería indicar que Castillo colaboró con la policía y que su muerte es una venganza de ‘Caracol’, vinculado a redes de corrupción, extorsión, sicariato y narcotráfico.

Según Sofía Prieto, esposa de Castillo, ‘Caracol’ ordenó el asesinato de su marido y del fiscal que dirigió la investigación, Juan Mendoza Abarca, cuya vida corre peligro. Se sospecha que ‘Caracol’ también mandó matar a Gerald Oropeza, miembro de la organización criminal dirigida por Roger Poémape, alias ‘Cabezón’, que disputaba el manejo de los negocios ilícitos en el puerto.

Según “Perú 21”, Poémape había sido sindicado por Castillo como el financista de la red de espionaje telefónico que denunció el 2012. Dos años después, la Unidad de Inteligencia Financiera le encontró depósitos de fuertes sumas de dinero de uno de los testaferros de la red de Rodolfo Orellana y fue investigado por las amenazas de muerte contra la procuradora antidrogas Sonia Medina.

Robert Castillo, hermano de la víctima, ha declarado que ‘Caracol’ es nada menos que guardaespaldas del gobernador regional Félix Moreno, a quien hace responsable del asesinato, al igual que a la alcaldesa de La Perla, Patricia Chirinos. También acusó al congresista y ex presidente regional del Callao Rogelio Canches de no haber evitado la muerte de su hermano.

Además de la violenta disputa entre estas bandas criminales, el Callao es escenario de graves hechos de corrupción, especialmente en el gobierno regional. Como muestra, tres botones. Primero, el pago de 31 millones de soles por la nueva sede de Córpac, abandonada, inconclusa y actualmente en proceso de demolición. Segundo, el desembolso de 6,7 millones por trabajos nunca realizados en la berma central de la avenida Gambetta. Tercero, el desembolso de 6 millones para capacitaciones ‘fantasmas’ a los maestros.

El elemento común a las transgresiones es la impunidad. Tanto la corrupción como el crimen dependen de una red de complicidades en la justicia penal. Falta conocer cómo operan y establecer las conexiones entre el crimen y la política. Como en su momento en Áncash, y recientemente con el golpe a la organización ‘Barrio King’, hay que comenzar por sacar la investigación del Callao y ponerla en manos de equipos especiales de fiscales y policías de Lima. La decisión está en manos del fiscal de la Nación.