El abrazo de José Rafael Martínez López con su esposa fue fuerte e intenso, como queriendo olvidar las últimas seis noches sufridas entre calabozos. Las cámaras habían inmortalizado el fin de un capítulo de angustia y maltratos para el obrero de 54 años, que fue detenido de forma arbitraria e internado en el Penal para Reos Primarios de Lima al ser confundido con un narcotraficante español.
Lo ocurrido a Martínez López le pudo pasar a cualquiera y revela las graves deficiencias del Poder Judicial en la identificación de una persona investigada en un proceso judicial.
Su drama se inició el martes 23, cuando fue denunciar a la comisaría de San Borja el robo de sus documentos, incluido un certificado de homonimia. Lo que pensó iba a ser un trámite de rutina, fue el comienzo de una tormentosa semana.
En la comisaría, los agentes verificaron que su nombre tenía requisitoria judicial por narcotráfico. Sin embargo, lo que muchos pensaron era un caso más de homonimia fue en realidad una negligencia del Juzgado Penal 44 de Lima, que no verificó los nombres de los investigados, según informó la Defensoría del Pueblo.
Mientras el expediente pasaba a la Segunda Sala Penal Para Reos en Cárcel, Martínez López ingresaba a la carceleta del Poder Judicial. “Me trataban peor que un delincuente. No les importó que mi caso estuviera en investigación. Me humillaron”, dijo tras recobrar su libertad.
Imelda Tumialán, la jefa del Programa de Protección y Promoción de Derechos en Dependencias Policiales de la Defensoría del Pueblo, señaló que “se verificaron deficiencias de identificación en el expediente. La más grave es que dentro del proceso en el 2010, se recaba la ficha del Reniec de José Rafael Martínez López” y no la identificación del ciudadano español José Ricardo Martínez López.
El error fue detectado el mismo 26. Pero cuando la sala para reos envió la orden de excarcelación al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la mesa de partes estaba fuera de horario. “Solo atendían hasta las 4 de la tarde. Por eso pasó el fin de semana en el penal”, dijo Jéssica Martínez, hija del obrero.
Siguen las deficiencias
En el 2011, El Comercio dejó en evidencia las mismas falencias en la identificación de requisitoriados, pero hasta la fecha aún no se han subsanado. Tumialán, de la defensoría, coincide con lo dicho en aquel informe: la falta de rigurosidad en los juzgados y la ausencia de un sistema interconectado de identificación y verificación entre la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público permiten estas situaciones.
