Colegios de zonas populosas son blanco de extorsiones [INFORME]

Difícilmente hay algo más impactante que ver a un niño sufriendo o agonizando. Como aquellas imágenes devastadoras de menores que padecen por las heladas en Puno. Esa inocencia y vulnerabilidad de los pequeños las saben explotar los extorsionadores, que, de intimidar a comerciantes y transportistas, han pasado a poner granadas en colegios, de los que buscan obtener más dinero.  

Ahora alertamos sobre el riesgo que viven los escolares, antes de que al despertar un día veamos que al policía de ÚDEX muerto en la puerta de una escuela se suman nuevas e inocentes víctimas.

LA EXTORSIÓN
Las extorsiones a colegios privados no son hechos aislados ni casuales. Son sistemáticos, articulados, cuentan con una metodología y estrategia.

Empiezan con un ofrecimiento de seguridad privada por parte de los delincuentes al director. Ante un rechazo, empiezan las amenazas por cartas, correos y mensajes vía redes sociales. Según Edgardo Palomino, presidente de la Asociación de los Colegios Privados de Lima (Acopril), los cupos por no agredir a los alumnos, profesores o directores van desde los S/.3.000 mensuales, para los colegios pequeños, hasta los S/.30.000 para los más grandes.

ZONAS POPULOSAS
Las extorsiones ocurren en los distritos alejados donde la delincuencia es más alta, la presencia policial es mínima y más del 70% de la población pertenece a los sectores socioeconómicos C o D.

1 Inseguridad
En los últimos meses, colegios de San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador y Ate, principalmente, han sido víctimas de balaceras o granadas. Según el ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi, “en las zonas en donde se llevan a cabo las extorsiones no hay recursos políticos ni económicos”. Para Julio Acurio Monge, ex jefe del Estado Mayor de la PNP, los delincuentes “saben que los colegios de la periferia no están protegidos [...] y son un campo abierto”.

Lo real es que el alto índice de delincuencia y el bajo número de policías de estos distritos facilitan que los extorsionadores actúen sin mayor riesgo. No es casual que, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el año pasado San Juan de Lurigancho y Ate están entre los  distritos de Lima Metropolitana con la mayor cantidad de delitos; ni que, según el Instituto de Defensa Legal, el primero tenga un policía por cada 1.483 habitantes y el segundo 1 por cada 2.315, mientras que San Isidro tiene 1 por cada 272 personas.

2 Buen negocio
Para los extorsionadores, a más colegios privados mayores son sus opciones. Veamos, por ejemplo, Ate: en este distrito, según un estudio de la empresa Mapcity, existen cinco  instituciones educativas privadas por cada centro educativo público (el total en Lima es de más de 6.000). Además de que los extorsionadores tienen muchas posibilidades de elegir, estos planteles les resultan atractivos porque son negocios bastante rentables y cuentan con liquidez, ya que, en casi todos los casos, reciben las pensiones en efectivo. Según Palomino, los planteles de San Juan de Lurigancho cobran al mes de S/.80 a S/.500.

Y este flujo de dinero está asegurado todos los meses. Los niños que van a estos colegios privados por lo general son hijos de comerciantes (formales e informales) que pueden percibir hasta 20 mil soles mensuales. No por nada San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres concentran más de 50.000 empresas.

Los delincuentes saben que la intimidación funciona por partida doble: no solo está el peligro de ser víctima de violencia, sino que si las amenazas se hacen públicas, los padres probablemente retiren a sus hijos del centro educativo.

3 Denuncia
Varios obstáculos impiden que las denuncias de casos de extorsión concluyan con un arresto. Por ello, muchos directores prefieren simplemente quedarse callados e intentar solucionar el problema por su cuenta.

Se requiere, entre otros requisitos, levantar el secreto de las comunicaciones. Según Víctor Gonzales Silva, jefe de la División de Investigación de Secuestros, una solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones puede tardar entre 45 y 60 días en aprobarse.

Otro asunto que impide que las denuncias acaben con un arresto es que hay poca coordinación entre las distintas organizaciones. Según Gino Costa, “se necesitan agentes policiales de inteligencia íntegros, bien preparados y adecuadamente remunerados, que trabajen de la mano con los fiscales especializados”. Un claro ejemplo de esta descoordinación la vimos hace unas semanas cuando alrededor de 50 matones saquearon una casa en Lince y la jueza Haydee Vergara los liberó en menos de 24 horas.  

El desprestigio de las instituciones se ha visto reflejado en la última encuesta de Ipsos en Lima para El Comercio, que señala que el 70% de personas encuestadas no confía en la Fiscalía de la Nación y el 79% no confía en el Poder Judicial.

(*) Con la colaboración de Elody Malpartida y Diego Villarán