Hay una bomba en mi colegio, por Raúl Castro

El director de un colegio asesinado y dos vigilantes de otro centro educativo acribillados a balazos la semana pasada traen de regreso a los limeños a una antigua pesadilla que creíamos ya superada: la violencia desbocada y el miedo que paraliza.

Esta vez no es Sendero Luminoso. El terror tiene ahora otro rostro desfigurado: el de cárteles criminales que han tomado distritos enteros para imponer su ley y extorsionar a personas y negocios obligándolos al pago de cupos. 

Sabel Evangelista de Paz, director del colegio particular María Montessori, pagó con su vida. Fue interceptado a la salida de clases en la urbanización Mariscal Cáceres en San Juan de Lurigancho y ultimado con tres balazos por sicarios.

El homicidio de los medio hermanos Kalaf Alvarado y Nino Vargas Alvarado, vigilantes del colegio Alpamayo School, fue tan o más horrendo ya que recibieron 16 y 8 disparos, respectivamente, frente a los niños que ingresaban a la escuela a las 7:40 a.m. La presunción de extorsión en ambos casos tiene paralizado al distrito y ha obligado a muchos colegios en similares condiciones a suspender sus actividades.

La extorsión a centros educativos es la última etapa en un despliegue de bandas delincuenciales que tienen bajo amenaza a distintos negocios en prácticamente toda la ciudad. Empezaron invadiendo terrenos eriazos, siguieron chantajeando a empresas inmobiliarias y ahora quiebran la paz de los civiles sometiendo a bodegas, talleres y hasta asociaciones de combis y mototaxistas.

Algunas fuentes policiales afirman que existen más de 280 bandas de extorsionadores en Lima y Callao que actúan por cuenta propia, asimismo que hubo 378 denuncias en el 2013 y 275 en el 2014. Estas fuentes se preguntan y se responden: “¿Si las extorsiones han aumentado, por qué las denuncias se han reducido? Porque ha crecido el temor”.

El miedo está llevando a algunas autoridades a plantear medidas desesperadas. Juan Navarro, alcalde de San Juan de Lurigancho, pidió el estado de emergencia en su distrito y que las Fuerzas Armadas se encarguen de la situación. Su par en San Juan de Miraflores, Javier Altamirano, propuso extender esta medida a toda la ciudad.

A su vez, el alcalde de Lima, Luis Castañeda, planteó reforzar al serenazgo y dar a sus efectivos la facultad de arrestar y de utilizar armamento no letal, lo que no procede según el ministro del Interior, pues la ley actual no lo permite.

Ceder el control de la seguridad ciudadana a las Fuerzas Armadas o al serenazgo, por más crítica que sea la situación, son opciones extremas para las que ambas no están preparadas, ni tienen por qué estarlo, pues su función no es la de la investigación criminal.

Por el contrario, el único modo de destruir el tejido pernicioso que ha encañonado la delincuencia en toda la ciudad es desarrollando acciones de inteligencia al más alto nivel, tal como 25 años atrás la policía hizo para desarticular a la cúpula senderista.

Esto, y la colaboración de la población en comités distritales, es lo que puede asegurar la derrota de este nuevo terrorismo urbano que tiene ya tantas fatales consecuencias.