Kevin Villanueva recibió nueve meses de prisión preventiva por el delito de homicidio calificado en agravio de Solsiret Rodríguez. Su pareja, Andrea Aguirré, lo acusó de ayudarla a descuartizar a la joven. (Archivo)
Kevin Villanueva recibió nueve meses de prisión preventiva por el delito de homicidio calificado en agravio de Solsiret Rodríguez. Su pareja, Andrea Aguirré, lo acusó de ayudarla a descuartizar a la joven. (Archivo)

lleva 96 días preso preventivamente por el crimen de y, en medio de la pandemia de , ha interpuesto un hábeas corpus para salir del penal de Piedras Gordas. Quiere volver a su casa, donde también vivió unos meses la joven activista que estuvo desaparecida tres años, cinco meses y 26 días hasta que sus restos fueron encontrados en la vivienda de Andrea Aguirre, pareja de Kevin.

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El hábeas corpus fue interpuesto del 20 de abril ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Mi Perú por el abogado Marco Ezquerra Puente de la Vega, defensa de Villanueva, en contra del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). En el documento alega que las condiciones carcelarias de hacinamiento en las que se encuentra lo ponen en riesgo de contraer COVID-19 y por ello pide cumplir la medida restrictiva en su vivienda. Un mes después de la solicitud, el 20 de mayo, el juez César Augusto Riveros Ramos, a cargo del Juzgado de Emergencia COVID-19, admitió a trámite la demanda y ordenó que el penal Ancón I y el INPE respondan sobre la situación del procesado.

Sin embargo, los que no fueron notificados fue la familia de Solsiret.

EL INTENTO POR SALIR DE PRISIÓN

Edith Aiquipa, abogada de Carlos Rodríguez y Rosario Aybar, padres de la joven, indica que la fiscalía tampoco fue incluida en el proceso porque la demanda estuvo dirigida directamente contra el INPE. En diálogo con El Comercio, la abogada explica que la demanda se centra en el supuesto riesgo de contraer la enfermedad sin cuestionar ni la prisión preventiva ni las acusaciones en su contra. “Sus condiciones carcelarias son las mismas que todos los presos del penal Ancón I y no se encuentra dentro de la población vulnerable: es joven y no tiene otras enfermedades. Su abogado ni siquiera menciona si tiene síntomas de COVID-19”, indica.

Los padres de Solsiret lucharon por tres años y medio para que la búsqueda de su hija no termine.
Los padres de Solsiret lucharon por tres años y medio para que la búsqueda de su hija no termine.

Para el padre de Solsiret este es otro intento de los asesinos por burlar la justicia e indica el riesgo de retroceder lo avanzado en la investigación en un caso grave de feminicidio. “Estamos hablando de un crimen, no de alguien que jaló una cartera. Yo encontré partes de mi hija y aún no aparece lo demás. Creemos que la familia está involucrada y Kevin Villanueva intenta irse a la misma casa con ellos", enfatizó.

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Por ello, han presentado una solicitud para ser incorporados en el proceso como liticonsorte facultativo (voluntario) a fin de exponer los riesgos de una eventual excarcelación y la peligrosidad del imputado de homicidio calificado.

“Kevin Villanueva ha participado en el descuartizamiento y desaparición de restos, y estuvo ocultando las evidencias del crimen tan cruel”, agrega Edith Aiquipa.

Andrea Aguirre confesó en febrero pasado que descuartizó a Solsiret Rodríguez con ayuda de su pareja, Kevin Villanueva.
Andrea Aguirre confesó en febrero pasado que descuartizó a Solsiret Rodríguez con ayuda de su pareja, Kevin Villanueva.

El domicilio en el que Villanueva solicita cumplir el aislamiento social obligatorio, ubicado en la avenida Colonial (Callao), es el mismo donde ocurrió el crimen de Solsiret. En febrero pasado, Andrea Aguirre confesó ante los agentes de la División de Homicidios que descuartizó a la joven y, con ayuda de Kevin, ocultó sus restos en otra vivienda, situada en el Cercado de Lima. Según su versión, la víctima supuestamente murió luego de caer del cuarto piso.

Kevin, hermano de la ex pareja de la víctima, Brian Villanueva, es investigado por el delito de homicidio calificado en agravio de Solsiret Rodríguez. El caso se encuentra a cargo de la Quinta Fiscalía Provincial Penal del Callao ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao.

No obstante, la investigación preliminar se encuentra suspendida por la pandemia. “Una semana antes de la cuarentena pedimos que el tipo penal se adecue a feminicidio, que se incorpore a los padres y hermanos de Kevin en la investigación por el delito de encubrimiento, así como la ampliación de declaraciones. Todo está en stand by”, explicó Aiquipa.

BENEFICIOS EN MEDIO DE LA PANDEMIA

Kevin Villanueva no es el primero que busca salir de prisión en medio del estado de emergencia por COVID-19. De hecho, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) ha impulsado mecanismos para el deshacinamiento de 68 penales a fin de evitar contagios. Sin embargo, no todos los presos pueden acogerse a estas disposiciones.

Mariella Valcárcel, directora General de Justicia y Libertad Religiosa del Minjusdh, explica que las medidas impulsadas por el sector justicia tienen en común que van dirigidas a población vulnerable y/o que haya cometido delitos menos lesivos. Estos son:

PAGO DE ALIMENTOS

La primera medida que se implementó el 13 de abril mediante el Decreto Legislativo Nº 1459, que simplifica el trámite para la liberación de las personas que están condenadas por el delito de omisión de asistencia familiar. La conversión de la pena está sujeta estrictamente al pago de la reparación civil y la suma de pagos de alimentos pendientes. “Lo que se hizo fue agilizar el procedimiento para que la conversión sea automática”, explicó Valcárcel.

Bajo esta modalidad han recobrado su libertad 836 personas (de unos 2.000 internos por esto delito) “luego de haber cumplido con abonar el monto de alimentos”.

GRACIAS PRESIDENCIALES

Días después, el 24 de abril, el Decreto Supremo N° 004-2020-JUS, estableció supuestos especiales para la recomendación de gracias presidenciales (indultos humanitarios, indultos comunes y conmutación de penas).

Entre los supuestos especiales para evaluar el indulto por razones humanitarios se incorporó a las personas que sufran enfermedades crónicas avanzadas y tengan la posibilidad de contraer COVID-19 que derive en complicaciones, así como reos con enfermedades crónicas que, en las condiciones que carcelería, se vuelvan casos vulnerables al coronavirus.

Para el caso de indulto común y conmutación de pena, agrega Valcárcel, podrían acogerse a las solicitudes las madres que tengan a sus hijos con ellos dentro de los penales, mujeres gestantes y reos cuyas penas estén próximas a vencer en 6 meses. Asimismo, presos que tengan penas efectivas que no excedan los 4 años y quienes tengan 60 años a más.

“En estos dos últimos grupos se excluyen los casos de feminicidio, homicidio calificado, robo agravado, todas las modalidades de violencia sexual, violencia contra la mujer o integrantes de grupo familiar, corrupción en todas las modalidades realizados por funcionarios públicos, sentenciados por terrorismo, desaparición forzado, tortura, entre otros”, precisó.

A la fecha, 228 personas han sido beneficiadas con gracias presidenciales.

FACULTADES PARA PROCESADOS

El tercer paso para promover el deshacinamiento tiene que ver con las facultades legislativas que les fueron otorgadas por el Congreso.

La madrugada del sábado 23 de mayo, el parlamento aprobó otorgar facultades para que el Ejecutivo legisle en materia penal, procesal penal y penitenciaria, a fin de establecer medidas para el deshacinamiento de penales y centros juveniles. Antes de ser aprobadas, las propuestas deberán ser elevadas al Consejo de Ministros

El marco normativo que prepara el Minjusdh busca establecer parámetros y herramientas céleres para que los jueces puedan tomar la decisión de variar prisiones preventivas para procesos u otorgar el beneficio de semilibertad o libertad condicional para los condenados. “La decisión final será de los jueces a nivel nacional”, precisó.

La funcionaria explica que, tal como ocurre con las gracias presidenciales, se considerarán solo los delitos de menos lesividad “que no constituyen ninguna amenaza para la ciudadanía”.

No obstante, en caso de otros delitos, las normas procesales previas a la pandemia establecen sus propios mecanismos para que cualquier procesado solicite cambios en las medidas preventivas. Nuevamente, corresponde a cada juez evaluar las solicitudes.

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¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Cómo evitar la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

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