El proceso judicial contra Gerald Oropeza y los demás integrantes de la presunta organización criminal que lideraba ha entrado a la etapa final. Sin embargo, en la audiencia del 2 de octubre, el fiscal adjunto Alixey Swidin de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Criminalidad Organizada retiró la acusación por tráfico ilícito de drogas y solicitó que sean condenados por el delito por conspiración al narcotráfico en agravio del Estado.
Los otros procesados por este caso son Carlos Sulca, Juan Berrios, Jhonatan Navarro, Brian Camps, Carlos Acuña, David Hidalgo y Ángelo Espinoza Brissolesi.
“Al no haberse podido acreditar la existencia de la droga en el desarrollo del presente juzgamiento, corresponde a este Ministerio Público formular el retiro de la acusación a favor de los acusados Gerald Oropeza López [y otros] por el delito de tráfico ilícito de drogas [TID]”. La fiscalía considera que “sí se materializó el delito de conspiración”.
Este caso empezó el miércoles 1 de abril del 2015: una camioneta Porsche fue atacada con dos granadas y 24 balazos en el distrito de San Miguel. El atentado tenía como objetivo al dueño del automóvil, Gerald Oropeza, accionista de la empresa Sergero S.A.C. Tras el ataque, las autoridades encontraron indicios de su presunta vinculación con una red internacional del narcotráfico. Cinco meses después, el 12 de setiembre, Oropeza fue detenido en Ecuador y trasladado al Perú para ser juzgado.
Alegato final
En la audiencia virtual, el fiscal Swidin explicó a los magistrados a cargo del proceso que no pudo probar el delito de TID y optó por variar su pedido por la acusación alternativa, que es el delito de conspiración al narcotráfico.
En diálogo con este Diario, Swidin sostuvo que “siempre se supo que no se iba a poder probar” el TID, porque “nunca se intervino la droga, tampoco se incautó”. “No sabíamos cuánta droga se iba a exportar”, remarcó.
En el interior del automóvil de Oropeza, la policía encontró documentos que especificaban la ruta e itinerario de contenedores que iban a ser exportados al extranjero y que previamente iban a ser cargados con droga. Swidin explicó que el debate y exposición de las pruebas en el juicio había culminado.
Este Diario revisó las dos acusaciones presentadas por el fiscal titular Lucio Sal y Rosas a cargo de la investigación. La primera fue entregada el 5 de setiembre del 2018 y sostiene que Oropeza habría incurrido en el delito de TID en la modalidad de conspiración agravada. Tras ser rechazado el pedido del fiscal por el juez de control de acusación Richard Concepción Carhuancho, fue retirado y se volvió a presentar el 29 de marzo del 2019. Esta vez fue admitida la acusación por favorecimiento al narcotráfico en su modalidad agravada y, como alternativa, la conspiración al TID.
La prueba perdida
El 2 de octubre pasado, el asistente judicial Albert Arca informó al presidente del Juzgado Penal Colegiado Permanente, Guillermo Huamán, quien está a cargo del proceso contra Oropeza y otros siete imputados, que la administradora del Módulo del Nuevo Código Procesal Penal, Carmen Montesinos, había emitido dos informes sobre la desaparición de un CD. Este dispositivo contenía los audios de las conversaciones entre Oropeza y su socio, el italiano Salvatorre Zazo, en las que coordinaban un envío de droga para el 2 de abril del 2015. Salvatore actualmente está recluido en el penal Casa Circondariale de Asti, en Italia.
Uno de los informes de Montesinos detalló que “el asistente judicial Óscar Mayhuasca Gutiérrez refiere en su manifestación que devolvió al fiscal adjunto [Swidin] la cadena de custodia del CD, no recordando dónde dejó el cargo respectivo”.
Montesinos informó, además, que Mayhuasca, a cargo de salvaguardar el disco, no asistió a laborar desde el 13 de julio, pero el 21 de setiembre solicitó permiso para ingresar a la sede de la Sala Penal Nacional. Por esa razón fue despedido.
El magistrado Huamán enfatizó en la sesión virtual del 2 de octubre que evaluará lo que se tenga al respecto y que “no puede permitirse que exista el incumplimiento de funciones” por parte del área que tenía bajo custodia el disco con información relevante.
Sobre la desaparición de esta prueba, Swidin negó haber recibido el CD de Mayhuasca. “Se había extraviado un CD que había sido ofrecido por la fiscalía. No era original, sino una copia de los audios que fueron exhibidos en audiencia, pero la prueba original es un USB que entregó un testigo protegido hace varios años antes de iniciar el proceso”, remarcó.
Al ser consultado por este hecho, el abogado penalista Carlos Caro aseguró que “no se descarta la posibilidad de que se haya manipulado la desaparición de pruebas con la finalidad de que en el juicio […] los procesados puedan salir favorecidos”. Precisó que los funcionarios a quienes se les ha perdido las pruebas “pueden tener responsabilidad por encubrimiento real y destrucción y desaparición de documentos, como lo establece el Código Penal”.
Respecto a la acusación contra Oropeza, Caro señaló que la condena depende de lo que se actué en el juicio. “No hay droga, no hay un colaborador eficaz, no hay la ruta de la droga, se refleja cierta debilidad en la acusación. Con esto no te digo que van a absolverlos a todos”, agregó. Sobre el delito de conspiración, precisó que este se sanciona penalmente por integrar una organización criminal con la finalidad de cometer tráfico ilícito de drogas. “Tiene que probarse que existe la organización y tiene que probarse la pertenencia de cada una de las personas a esta organización para que puedan ser sentenciadas”, dijo el penalista.
Réplica
Este Diario realizó varias llamadas y envió mensajes de texto al celular de Óscar Mayhuasca, pero hasta el cierre de esta edición no respondió.
Carmen Montesinos, administradora de la Sala Penal, señaló a El Comercio: “La pérdida del CD la está viendo el juzgado. No le puedo dar más detalles”.
El abogado Hamilton Aliaga, representante de Sulca, Berrios y Navarro, sostuvo que sus defendidos no pueden ser sentenciados por TID, porque no hay droga. Enfatizó que el juez va a presentar una queja contra el fiscal.
El abogado de Oropeza, Marco Riveros, sostuvo que “[La Fiscalía] le da razón al juez [que le hizo varias observaciones al fiscal] y aceptan su error después de cuatro años de cárcel. Gerald siempre señaló que no era narcotraficante; es hijo de empresarios que tenían contratos por más de S/200 millones por servicios de limpieza al Estado”.
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