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La Corte Superior de Justicia de Lima (CSJ) declaró procedente la medida cautelar a favor de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega otorgándole así a las autoridades de dicha casa de estudios la potestad de seguir ejerciendo sus funciones.
A través de un comunicado, Lissett Monzón Valencia, titular del 5° Juzgado Contencioso Administrativo Permanente, señaló que no existen bases legales expresas que permitan la intervención de una universidad privada.
“No se puede permitir que autoridades públicas ejerzan injerencia administrativa, económica o financiera, sobre personas jurídicas de derecho privado, sin tener expresas facultades para ello, independientemente de quien sea”, señaló.
Hace una semana, el titular de la comisión interventora de la Asamblea Nacional de Rectores en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Fredy Aponte, cuestionó los presuntos malos manejos y se mostró a favor de que se investiguen a fondo argumentando que “ninguno puede tener autonomía absoluta para hacer lo que le da la gana”.
Lee la resolución completa aquí:
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