Parqueadores informales ganan hasta S/6 mil al margen de la ley

En esta ciudad, cualquiera podría soldar una valla, localizar una calle, bloquear la vía pública, vestir un chaleco y obtener mensualmente S/.6.000. Eso fue lo que El Comercio comprobó durante dos días de recorrido por ocho distritos de Lima, donde parqueadores informales han tomado control sobre el espacio de todos.

Estos sujetos se adueñan de espacios libres con bloques de concreto, parantes o conos. La Molina, Barranco y San Isidro son los distritos donde hay más parqueadores informales. En esta última comuna, al menos ocho calles han sido tomadas por estos sujetos que lucran con el bien público.

“Tienen una tarifa diaria de entre S/5 y S/8. Es un trato por adelantado. Si no quieres pagar, no te permiten el paso. Si te metes, pueden rayarte el carro”, sostuvo una conductora en San Isidro, que prefirió no identificarse, y que admitió que ella paga por el servicio de vigilancia, ya que “esta es la única manera de encontrar un lugar”.

Lo mismo sucede en Surco, Miraflores, Surquillo, La Molina, Lima y Jesús María. Si bien en estos distritos los informales no funcionan como mafias, actúan, en cierta forma, organizadamente, al momento en que se comunican entre sí para huir en caso de operaciones de control.

Alrededor de clínicas, centros comerciales o embajadas, estos sujetos exigen a los conductores estacionar en vertical y convierten en aparcamientos las zonas rígidas. En algunos casos, los vecinos actúan en complicidad con los parqueadores para mantener la zona libre.

“Esto solo demuestra el abandono y la dejadez de las municipalidades. El parqueo informal demuestra que los municipios han abandonado las calles a la suerte de un grupo de personas que las alquilan. Salvo las zonas oficiales de parqueo vehicular, nadie puede lucrar con el espacio público”, dice Julio César Castiglioni, abogado experto en temas municipales.

Según el Tribunal Constitucional, a excepción de los ámbitos de dominio privado, todo espacio que el Estado haya construido para que las personas puedan desplazarse libremente es público. Si un tercero, una persona o asociación de cualquier tipo se atribuye las funciones de una autoridad pública, comete el delito de usurpación de función pública, que tiene una pena que va de 4 a 7 años, según el artículo 361 del Código Penal.