Los limeños seguimos estremecidos con la terrible historia de dos escolares que extorsionaban al director de su propio colegio, en Ate.
En el contexto del clima de miedo existente hoy en los colegios de la ciudad, a estos adolescentes de 16 años no se les ocurrió mejor idea para hacerse de dinero fácil que arrojar una bomba molotov a su centro de estudios y dejar una nota exigiendo 10 mil soles a cambio de “seguridad”.
¿Estos niños delincuentes deben ser considerados infractores o juzgados con la misma severidad que los adultos?
Tanto el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, como distintas autoridades del Poder Judicial, plantean ahora debatir sanciones más duras para los menores de edad implicados en delitos graves como estos.
Hoy, las penas más severas para menores disponen un máximo seis años de internamiento en un centro de rehabilitación, por lo que las autoridades consideran que es tiempo de evaluar un proyecto de ley que no solo haga imputable a un menor de 14 o 15 años con cárcel efectiva, sino que también le imponga condenas más duras, que vayan hasta los 30 años.
“El Código del Niño y el Adolescente se creó cuando no había jovencitos sicarios. Pero la situación ha cambiado. Si hay chicos que matan, debemos adecuar la ley a esta realidad”, ha dicho el ministro.
Estados Unidos o Inglaterra ya lo han hecho, y hoy penan hasta con cadena perpetua a menores homicidas.
Claro, ellos han venido sufriendo escaladas epidémicas de violencia juvenil que aún no vemos aquí. Según el INEI, en el 2013, el número de adolescentes detenidos por cometer un delito representó poco menos del 5% del total de arrestados, cifra bastante más baja que la de otros países de América Latina o que la de Inglaterra, donde casi llega al 25%.
Sin embargo, en el Perú, la cifra sí está creciendo y eso debe preocuparnos. El mismo INEI aprecia que es en el segmento de menores en el que más han aumentado las prácticas delincuenciales: 12,7% en el período julio-setiembre del 2014, con respecto al mismo trimestre del año anterior.
Es en este escenario en el que el “efecto contagio” se produce, porque los adolescentes ven que no hay sanciones considerables si transgreden la ley, y las bandas, además, los atraen con el mismo argumento, sabiendo que serán más audaces para efectuar los crímenes.
Es tiempo pues de atender a este problema social, creciente, pero aún no grave, y cercarlo con todas las herramientas posibles. Una de ellas es, ciertamente, la legal: lo pertinente en esta nueva realidad es dar cárcel efectiva a los adolescentes que demuestran ser fríos homicidas a sueldo.
Pero no es la única medida. Lo adecuado es identificar los cotos de cultura delincuencial en los que se desarrollan, e intervenir sectorialmente con alternativas antes de que cometan el gran error de su vida. He ahí el verdadero reto del Estado.