El Poder Judicial (PJ) desestimó el recurso planteado por la empresa Lima Expresa (antes Lamsac) que pretendía apartarse del juicio oral en el que la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato viene demandando el pago de una reparación civil de S/ 17 millones en favor del Estado peruano.
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El juez Raúl Caballero Laura, del Segundo Juzgado Unipersonal Nacional, señaló que la eventual responsabilidad civil y la posible indemnización a favor del Estado por el incremento ilegal en la tarifa del peaje de la concesión Línea Amarilla, “no fueron materia del arbitraje entre la Municipalidad de Lima y la compañía Lima Expresa”, tal como lo indica el laudo de junio de 2020 de la Cámara de Arbitraje Internacional de Paris.
“La decisión del juez Caballero es importante para los intereses del Estado y de todos los limeños, ya que permite que el juicio contra Lima Expresa continúe y la empresa no eluda el eventual pago de una indemnización”, destacó la procuradora ad hoc Silvana Carrión.
El ministro de Salud, Hernando Cevallos, reiteró que no descarta la posibilidad de cerrar las playas a nivel nacional. Conoce más detalles en el siguiente video. “Esperamos que el Poder Judicial aplique justicia en este caso y ordene que la compañía pague la reparación civil que solicitamos, cuyo monto por ahora es de S/ 17 millones”, añadió.
Asimismo, Carrón Ordinola recordó que en este caso ya existe un funcionario público condenado y que si bien la empresa Lamsac cambio de razón social a Lima Expresa (LIMEX), “no la exime de una eventual responsabilidad civil”.
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“Al adquirir una empresa se asumen todos los pasivos y activos que esta tiene. La empresa Vinci Highways, actual dueña de Lima Expresa, compró la concesión Línea Amarilla a mediados de 2016, cuando las prácticas corruptas de OAS ya se conocían en Brasil”, detalló la funcionaria.
“Esa compra, además, se hizo cuando en Perú ya existía en curso una investigación penal contra el exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, Domingo Arzubialde, quien ya ha sido condenado a 4 años y 4 meses de prisión por el incremento ilegal de la tarifa del peaje”, concluyó.
Luego de 20 años del devastador incendio, los deudos recuerdan la tragedia y siguen luchando por encontrar justicia. 
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