El contrabando en Perú está golpeando con fuerza a las Mypes industriales, pequeños negocios y empleos formales, con productos que compiten deslealmente y son ingresados ilícitamente al país por organizaciones criminales dedicadas al comercio ilícito, así como a prácticas delincuenciales que generan inseguridad para los negocios, como la extorsión, el cobro de cupos o disputas entre bandas criminales.

Este grave problema fue uno de los temas que se abordó en el “Primer Encuentro de Cámaras de Comercio Sudamericanas: Generando alianzas frente al comercio ilícito”, que reunió a autoridades y líderes industriales de Perú, Chile, Bolivia y Argentina en Santiago de Chile.

El evento, organizado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, se centró en la necesidad de unir esfuerzos y luchar contra la criminalidad transnacional del comercio ilegal que afecta principalmente a los pequeños productores y comercios.

Durante el encuentro, representantes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) de Perú comentaron que la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la SNI realizó en 2023 un estudio de percepción del contrabando, el primero de su tipo en todo el país, el cual reveló que más de la mitad de los peruanos (61%) cree que el contrabando está vinculado al narcotráfico, la minería ilegal, el sicariato y la trata de personas.

Según el estudio, el 51% de los encuestados considera que las principales víctimas del contrabando son las empresas y los comercios formales, seguidos por los emprendedores locales (40%) y los propios ciudadanos (39%). Además, el contrabando se asocia con la corrupción y la pérdida de trabajos formales.

Estos hallazgos subrayan la gravedad del problema y la urgencia de tomar medidas para combatirlo. En ese sentido, Silvia Hooker, gerenta de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales y secretaria técnica de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la SNI, destacó la reciente inclusión del contrabando como delito dentro de la Ley contra el Crimen Organizado (mediante DL 1607, del 21 de diciembre de 2023), como herramienta clave para combatir a las altas esferas de las organizaciones criminales dedicadas al comercio ilícito

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