El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) destacó la reciente aprobación en el pleno del Congreso de la República de los proyectos de ley que modifican el Código Penal, el Código de Ejecución Penal y el Decreto Legislativo 1688, con el fin de fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada en establecimientos penitenciarios y centros juveniles.
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“Estas iniciativas fortalecerán el trabajo que venimos haciendo desde el INPE, en la seguridad interna y externa de los penales a nivel nacional, así como la lucha anticorrupción”, puntualizó el presidente del INPE, Raúl Inga Garay.
Cabe señalar que la norma incorpora nuevas sanciones para quienes ingresen, intenten ingresar o faciliten el ingreso de celulares, sistemas de comunicación, equipos de filmación o fotografía a centros penitenciarios. Las penas podrán alcanzar hasta 15 años de prisión cuando el delito sea cometido por autoridades, abogados, funcionarios o servidores públicos.
El INPE, en su compromiso de lucha contra la criminalidad, viene intensificando los controles de seguridad interna y externa en los establecimientos penitenciarios, además de la política tolerancia cero frente a la corrupción.
En ese sentido, en lo que va del año, agentes penitenciarios han intervenido a más de 300 personas en el ingreso a los penales, intentando ingresar objetos y sustancias prohibidas. El 70% se trata de los familiares de internos e internas, mientras que el 12% por abogados y el 9% por proveedores.
Además, el presidente del INPE viene fortaleciendo las áreas de Asuntos Internos, así como del Tribunal Disciplinario para prevenir y detectar oportunamente los casos de servidores o funcionarios penitenciarios implicados en casos de corrupción, para la destitución respectiva. “No queremos malos elementos que manchen el uniforme del INPE, los casos de corrupción serán denunciados y destituidos como corresponde”.
Inga Garay agregó que estas iniciativas legislativas fortalecerán las acciones de su gestión que están orientadas a la seguridad penitenciaria y el principio de autoridad en los centros penitenciarios a nivel nacional y que forman parte de la política institucional que tiene el Ministerio de Justicia y el INPE.
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