De todas las capitales de Sudamérica, Lima es la única que tiene casi medio centenar de alcaldes. Son 43 gobiernos locales, con planes y visiones distintos – incluso contradictorios – para organizar una ciudad. Hasta hace un año, por ejemplo, todas intervenían, en distintos niveles, en la gestión del transporte hasta que se creó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Pero ¿qué pasa con la seguridad, limpieza o infraestructura en la capital?
Para modificar las facultades de las autoridades locales, este viernes, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, presentó al presidente del Congreso, Manuel Merino, la propuesta para conformar una Alcaldía Mayor para la capital, que estaría integrada por cinco unidades territoriales, con un alcalde por cada una de ellas. Hace unos días, el burgomaestre de Miraflores, Luis Molina, planteó una propuesta similar ante la desarticulación de gestiones.
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“El sistema no funciona. Tenemos alcaldes que actúan como reyezuelos y hacen lo que quieren“, explica el alcalde Molina, quien propone un cambio de estructura política de Lima Metropolitana para convertirla en un gobierno unitario liderado por un Alcalde Mayor, cuyas competencias sean superiores a las de la actual gestión metropolitana. No es una idea nueva. De hecho, en los últimos años, con la evidente desorganización de gestiones distritales, especialistas en urbanismo han recomendado integrar competencias en una sola autoridad. Esta vez, el alcalde Molina busca que la propuesta llegue al Congreso.
El martes 11 de agosto, su concejo distrital aprobó que esta iniciativa se presente ante los representantes de los poderes del Estado a fin de que sea puesta en agenda pública para su estudio y debate. “Queremos que los congresistas se interesen en este proyecto y lo presenten como reforma constitucional de forma multipartidaria”, dijo a El Comercio. La creación de una nueva organización de gobierno municipal requeriría la modificación de los artículos 31, 194 y 198 de la Constitución.
La propuesta, que busca replicar experiencias de ciudades como Bogotá, Buenos Aires y Madrid, consiste en que la gestión de la capital se centre en un Alcalde Mayor con capacidad reguladora, ejecutiva y fiscalizadora efectiva sobre todos los distritos. Las alcaldías distritales se mantendrían a través de una suerte de juntas administradoras, cuyos detalles serían determinados con el debate correspondiente.
“La administración de Lima esta fragmentada en 42 distritos, con autoridades municipales que anteponen sus planes, aparándose en una mala entendida autonomía política, administrativa y financiera que debilita la autoridad de Lima Metropolitana. Cada distrito funciona como una isla alejada de los demás”, argumentó. Como ejemplo de visiones confrontadas, Molina recordó las discrepancias con la gestión de Augusto Cáceres, alcalde de San Isidro, para la inauguración del puente que une los malecones de ambos distritos, denominado – paradójicamente – ‘Puente de la Amistad’.
El modelo de gobierno actual está establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), que da autonomía política, económica y administrativa a cada uno de los municipios sobre sus jurisdicciones. Para el caso metropolitano, la administración tiene un régimen especial, de conformidad con el artículo 198 de la Constitución, que le otorga competencias y funciones específicas de carácter local metropolitano y regional. Es municipalidad pronvicial y distrital para el Cercado.
El fracaso de esta estructura, añade, se evidencia en la inequidad que existe entre los servicios públicos que se ofrecen en cada distrito. “Hay 43 licitaciones de limpieza pública, pero si hubiese una sola se ahorraría porque se aplicaría una economía de escala. La limpieza está relacionada con la salud pública”, agregó.
DESIGUALDAD SOCIAL
Este Diario conversó con tres urbanistas para conocer su opinión sobre la propuesta.
Angus Laurie, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), sostiene que la gobernanza fragmentada repercute en la desigualdad social de la capital. Por ello considera importante que discutan mecanismos para garantizar la prestación de servicios homogéneos para todos los distritos. Esto permite, por ejemplo, responder mejor a problemas sanitarios como el COVID-19.
“Tenemos un déficit de 30 años de infraestructura y eso es reflejo de esta fragmentación. Los serenazgos, canchas deportivas, bibliotecas, la gestión de la Costa Verde, el Río Rímac u otro elemento en Lima está fragmentado por distritos y al final no se puede pensar en escala territorial”, dice.
Las consecuencias de esta desintegración también tienen que ver con el desigual presupuesto por habitantes. Al iniciar el 2020, el presupuesto institucional de apertura (PIA) de Lima y Callao equivalía a apenas S/2,60 diarios por habitante; sin embargo, la diferencia era enorme si se comparaban algunos distritos. Por ejemplo, San Isidro tenía un presupuesto de S/11,60 por habitante, mientras que San Juan de Lurigancho solo S/0,50. Es decir, 24 veces más dinero para invertir por habitante.
Otro efecto son los problemas limítrofes. Hasta el 2019, el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) –entidad encargada de conducir el proceso de demarcación en la ciudad– tenía 23 colindancias limítrofes (de las 127 que tiene Lima) altamente conflictivas, como la que existe entre Independencia y San Martín de Porres.
La urbanista y comunicadora Sofía García agrega que integrar la gestión metropolitana permitirá mejorar la planificación urbana, eficiencia en el gasto público y una distribución equitativa de recursos para mejorar la calidad de vida de toda la población. Además, opina que se debe incluir al Callao en el debate sobre una reforma de sistema de gobierno municipal.
“Todos los distritos, aunque tengan 55 mil o 1 millón de habitantes, tienen la misma organización gubernamental. Tenemos 43 oficinas de planificación, gerencias de seguridad, de espacios públicos, etc. Pese a ello, Lima está segregada por servicios tan precarios que impiden a la población para salir de la pobreza”, indica.
Ambos consideran que, con cualquier modificación de la administración de Lima Metropolitana, se debe mantener una autoridad local que garantice la participación vecinal de cada jurisdicción.
UN TEMA DE GESTIÓN ACTUAL
Una visión distinta tiene Aldo Facho Dede. El docente y fundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas considera que, antes de emprender una reforma de la LOM o reforma constitucional, se necesita que la Municipalidad Metropolitana de Lima diseñe y ejecute proyectos integrales con las competencias que ya tiene. Por ejemplo, queda pendiente la aprobación del Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao (PLAM 2035), proyecto iniciado por la gestión de Susana Villarán que no fue tomado en cuenta por la administración de Luis Castañeda Lossio. Este plan contempla proyectos integrales como la construcción de tres anillos viales para descongestionar las principales avenidas de la capital.
“La Municipalidad de Lima tiene competencias plenas en la planificación y gestión de la metrópoli. No es tan cierto que el alcalde Muñoz está atado de manos con 43 reyezuelos que hacen y deshacen a su criterio. Eso tiene que ver más con problemas de gestión que con problemas de competencias”, indicó.
En su opinión, la desarticulación distrital parte, sobre todo, en la falta de conocimiento de las autoridades que gobiernan la ciudad. Recordó que la LOM establece una Asamblea Municipal de Coordinación para desarrollar planes conjuntos, al cual no se le presta la atención que merece.
No obstante, sí reconoce que existen importantes desigualdades en los servicios públicos como la gestión de residuos sólidos. “Para hacerlo más eficiente no se necesita reestructurar la LOM sino alcanzar un consenso entre distritos”, opina.
En lo que coinciden los tres especialistas es en que se necesita decisión política para emprender cambios que permitan reducir la desintegración de Lima.
“Hemos visto la rapidez con la cual ciudades como Bogotá, Curitiba o Medellín han cambiado gracias a alcalde con buena voluntad y presupuesto para hacer cambios en el corto plazo”, recuerda Laurie.
En cualquier caso, a Jorge Muñoz le quedan dos años de gestión metropolitana para respaldar cambios en la estructura de gestión o ejecutar planes propios con visión integrada de la ciudad.
¿QUÉ DICEN OTROS ALCALDES?
Álvaro Paz de la Barra, alcalde de La Molina y presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), considera que la propuesta de una sola autoridad para Lima Metropolitana no permitiría alcanzar una real descentralización del poder. “Tenemos muchos distritos atomizados y hay que reducir jurisdicciones, pero se requiere trabajar con las mancomunidades que tienen fenómenos culturales, sociales y económicos diferentes”, dijo.
En diálogo con este Diario, lamentó que Molina no haya consultado con la AMPE esta propuesta. “Tener un alcalde mayor sería una insensatez porque sería regresar a la colonia y no ser coherente con la realidad pluricultural de la capital”, dijo.
Paz de la Barra adelantó que la AMPE presentará en los próximos días un paquete de iniciativas legislativas para reformar la LOM. Una de las modificaciones que propone es eliminar la condición de gobierno regional de Lima para que el presupuesto excedente sea redistribuido entre las mancomunidades existentes. Asimismo, incluir a los representantes de estas mancomunidades en los directorios de Emape o el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet). Aunque reconoce que existen problemas por la multiplicidad de gestiones, sostiene que una alternativa eficaz es estandarizar ordenanzas para que haya predictibilidad y seguridad jurídica.
Augusto Cáceres, alcalde de San Isidro, por su parte, califica la propuesta de Molina como antidemocrática porque restaría representatividad vecinal. “Las elecciones municipales se establecieron por el presidente Fernando Belaúnde para que los ciudadanos puedan elegir a sus autoridades a fin de que sus jurisdicciones sean atendidas adecuadamente. Con esta propuesta se estaría reduciendo esa capacidad”, dijo.
En su opinión, tampoco se podrían aplicar los mismos servicios públicos debido a las diferentes realidades de cada distrito. “La geografía es distinta. No es lo mismo la recolección de residuos sólidos en Miraflores que en los asentamientos humanos de Chorrillos, son otras consideraciones que hay que tomar en cuenta”, señaló
Él propone, en cambio, hacer una modificación de la LOM para que el concejo metropolitano sea integrado por los alcaldes distritales: “No perderíamos autonomía y trabajaríamos en conjunto para que Lima como metrópoli tenga la visión de todos los ciudadanos y no solo de un pequeño presidente”. Sin embargo, cree que un primer paso es aumentar las reuniones de la Asamblea Municipal de Coordinación, que el año pasado solo fue convocada dos veces.
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