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En las pampas de Piedras Gordas, en Ancón, hay un terreno de 108 hectáreas donde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento pretende construir, a través del sector privado, un complejo habitacional que beneficiaría a 100 mil familias. Sin embargo, la ejecución del proyecto está en riesgo debido a la presencia de traficantes de tierras en el lugar.
La procuradora pública del sector Vivienda, Katty Aquize, aseguró a El Comercio que el terreno, ubicado entre los kilómetros 39,5 y 40,5 de la Panamericana Norte, está a nombre del ministerio. Sin embargo, las asociaciones Nadine Heredia y Nuevo Amanecer, la Coordinadora para la Integración Social e Indepropyme han pretendido apropiarse a la fuerza de este, desde el 2013, colocando palos, esteras y casas prefabricadas, afirma la funcionaria.
“Estas agrupaciones camuflan a traficantes. Cada vez que ingresaban, la policía los echaba, entonces optaron por el embuste legal”, resalta Aquize.
El 29 de diciembre del 2013, Julia Calderón Valdivieso, representante de la Coordinadora para la Integración Social, solicitó al ministerio una conciliación aduciendo que esta asociación era la propietaria del área y que contaba con dos resoluciones de la Municipalidad de Ancón que le otorgaban permiso para construir en la zona. Luego, el ministerio comprobó que ambos documentos eran falsos.
Calderón fue denunciada por falsificación de documentos, asociación ilícita para delinquir y fraude procesal.
LA NUEVA BATALLA POR EL TERRENO
El Consorcio Pepe Coinpe, cuyo representante es José Modesto Pérez Pérez, ofrece, a través de su página de Facebook, lotes en el mismo terreno que pertenece al ministerio.
La procuradora resaltó que este consorcio, que no aparece en Registros Públicos, usó documentos falsificados del Ministerio de la Producción, los cuales supuestamente lo autorizaban a construir un parque industrial en ese terreno. Pérez solicitó al ministerio ir a conciliación, pero no se llegó a ningún acuerdo. “¿Cómo vamos a conciliar con un sujeto que tiene documentos falsificados? Pese a eso, interpuso un arbitraje, valiéndose de argucias legales”, resalta Aquize.
La conciliación y el arbitraje se realizaron en la Agencia de Justicia, Derecho y Desarrollo ONG Ajusder. Esta última tampoco figura en Registros Públicos. Ajusder dispuso una medida cautelar a favor del Consorcio Pepe Coinpe para que ocuparan el terreno del ministerio. Sin embargo, esta no se puede ejecutar porque no existe una orden judicial.
Héctor Yuri Jerónimo está a cargo de Ajusder. “Él hace las veces de conciliador y de presidente del tribunal de arbitraje, algo que no está permitido por la ley. Lamentablemente, en el país nadie fiscaliza estos centros de conciliación y de arbitraje”, asegura.
La procuradora ha recusado a Yuri ante la Cámara de Comercio de Lima porque sus disposiciones son irregulares y deben anularse. Este Diario se contactó con Jerónimo, quien dijo que Ajusder está registrada en el Ministerio de Justicia.
La recusación se resolvería esta semana. En el caso de que esta no proceda, el ministerio acudirá al Poder Judicial.
