Según una investigación de El Comercio, al menos dos federaciones de colectiveros planean usarlas para evadir el control. Foto: GEC referencial
Según una investigación de El Comercio, al menos dos federaciones de colectiveros planean usarlas para evadir el control. Foto: GEC referencial
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO
Redacción EC

La presidenta de la , Marybel Vidal, indicó que el proyecto de ley denominado ‘servicio privado de transporte especial’ permitiría a los evadir una adecuada fiscalización.

En diálogo con Canal N, Vidal sostuvo que esta medida significa “un retroceso para el sistema de transporte público al tener una débil regulación y una “inexistente potestad sancionadora”.

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Además, señaló que se iría en contra de normativas como el Reglamento Nacional de Tránsito, la Ley de Creación de la Autoridad de Transporte Urbano, así como la ley de Administración de Transporte. Precisó que el problema radica en que el proyecto no define claramente qué constituye un ‘servicio especial’ o un ‘servicio privado de transporte especial’.

Esta falta de definición abre una puerta a toda aquella unidad u operador que pueda prestar un servicio de manera informal no solo en el tema de taxi, también en los aplicativos”, puntualizó.

Asimismo, remarcó que esto no solo afectaría al servicio de taxi, sino también a otros servicios de transporte, como el de carga interurbana, de ciudad en ciudad. Añadió que aún no se ha definido cuáles serán las condiciones necesarias tanto para los conductores y vehículos, generando “inseguridad” para todo el servicio de transporte.

Proyecto enviado al MTC

La ATU ya presentó una observación formal al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), recalcando que el proyecto de ley contraviene las normativas actuales.

¿Qué aprobó el Congreso el 30 de mayo?

El Pleno del aprobó la autógrafa de ley que propone regular a las empresas administradoras de intermediación del servicio de transporte, que se dedican principalmente al servicio de taxi, como Uber, Didi, Indrive, Cabify, entre otras. Una de las principales medidas que determina es la creación de un registro nacional de estas empresas para garantizar los derechos y la seguridad de sus usuarios.

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