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Las empresas que operan en los Corredores Complementarios, agrupadas en la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU), buscan reunirse con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para coordinar los pagos de las compensaciones económicas pendientes de abril, mayo, junio y julio de este año.
En una comunicación con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), esta detalló que se encuentran a la espera de la consolidación de los nuevos equipos de trabajo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y del MEF para continuar con las gestiones correspondientes a los pedidos de estas empresas.
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El presidente de la Junta Operadores de Corredores, Gerardo Hermosa, detalló a El Comercio que el no llegar a un acuerdo con el MEF significaría poner en riesgo la continuidad del servicio y, posteriormente, la desaparición de este. Asimismo, el vocero resaltó que ya no cuentan con fondos para continuar sus labores. Por el momento y más los cambios del gabinete, no habrían tenido comunicación de parte de ningún ministerio.
“De no ser posible que se pague lo que nos deben, simplemente el sistema desaparece. Ya no sería una huelga o paro”, declaró. Actualmente los corredores complementarios transportan a 700 mil personas al día, según Hermosa.
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Afectados
El retraso de pagos no solo afectaría a los más de 2.000 trabajadores que actualmente se encuentran en planilla, sino a todos los pasajeros que dependen del servicio de los corredores complementarios para desplazarse a sus centros de trabajo, estudios y hogares diariamente.
Para el gerente general de la fundación Transitemos, Alfonso Flórez, la posible desaparición de este servicio significaría un aumento desproporcionado del transporte informal en vista de que no habrán rutas formales que cubran a los buses salientes.
“Si van a dejar un modelo de concesión, tendrán que aplicar la autorización como todo el transporte regular. Ellos son titulares de la flota, tienen choferes en planilla, toda esa formalidad demanda costos que no son pocos y si dejan ese modelo inicial podrían caer en la informalidad para reducir costos. Nuevamente vamos a tener más servicio precario del que ya tenemos”, comentó.
El especialista explicó que la ATU; tras su creación a finales de 2018 y su presupuesto corto de 2019, recién pudo aplicar plenamente en 2020 su presupuesto anual tras diversos pagos que debía generar inicialmente. Sin embargo, se vio afectada por la pandemia, los gastos de capacitación y subsidios que se generaron.
Por su parte, el presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, destacó que los pasajeros que usan este servicio por necesidad, puesto que no hay otra línea que cubra las mismas rutas con la seguridad y eficiencia que este brinda, se verían muy afectados.
“La población se verá afectada principalmente y es lamentable que lleguemos a esta situación por el mal manejo de algunas autoridades”, dijo.
Al cierre de esta edición el vocero de la Junta Operadores de Corredores no había obtenido respuesta por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para poder coordinar una reunión pronto por las compensaciones económicas pendientes. Hermosa resaltó que un posible paro sería un gran golpe a la economía, ya que tienen todo financiado por bancos y los proveedores de los buses.
