Por medio de un comunicado, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) negó que se haya tomado un acuerdo en las reuniones sostenidas entre la Oficina de Gestión Social y Diálogo del Viceministerio de Gobernanza Territorial y un grupo de dirigentes del taxi colectivo y que no se ofreció la formalización del servicio.
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En informe de El Comercio se conoció que la cita fue el 16 diciembre, unas semanas después de la violenta paralización que protagonizaron los transportistas informales, y que la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) rechazara la formalización de este servicio. Se supo que los siete principales dirigentes que participaron cuentan con más de 200 multas equivalentes a más de S/70 mil y vehículos con ocho medidas cautelares (órdenes de captura) por deudas en infracciones.
Es en ese contexto que se realizó la reunión. Según la PCM, se ha respetado las instancias correspondientes para realizar esta actividad. “Desde la PCM dejamos en claro que producto de dicha reunión no se ha tomado con ellos ningún acuerdo que afecte la política de ordenamiento del transporte urbano, ni las competencias de las entidades responsables de ella, porque no corresponde a nuestra institución”, indica el comunicado.
Además, la PCM informó que “el principal propósito de la Oficina de Gestión Social y Diálogo en este caso fue dejar firme y clara la necesidad de avanzar hacia un ineludible ordenamiento y modernización del tránsito urbano”, entre otros temas sobre el servicio. “En ese sentido, en ningún momento se ofreció la posibilidad de formalizar el actual servicio de colectivos", añadió.
Se supo que el 20 de diciembre se realizó una segunda reunión, entre un grupo de técnicos de la PCM y del Ministerio de Transportes (MTC) con los dirigentes de los colectivos, organizada por la Prefectura de Lima. Los dirigentes de los colectivos exigieron que se firmara un acta en la que se aceptaba “reglamentar el servicio de colectivo como una modalidad nueva del transporte público”, según una fuente de El Comercio. También pidieron que se suspendan las operaciones de fiscalización mientras no se cree este reglamento.