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A poco más de un año de asumir la responsabilidad de administrar el transporte de Lima y Callao, la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) aún no consigue funcionar al cien por ciento y sus procesos podrían verse interrumpidos por una denuncia contra su presidenta, María Jara, por contratar a miembros de una empresa que fundó en el 2017.
El programa Punto Final reveló el domingo que un mes después de que Jara asumiera la jefatura de la ATU, sus exsocios en Jara Consulting Group, ahora llamada Valkyria Consultores SAC, fueron contratados por servicios valorizados en S/ 44.000 cada uno.
De acuerdo con el gerente de la ONG Transitemos, Alfonso Flórez Mazzini, los procesos de la ATU “podrían verse interrumpidos si es que la investigación determina irregularidades [en las contrataciones]”.
Pero en diálogo con El Comercio, Jara defendió la legalidad de las contrataciones: “Yo contrato profesionales altamente calificados y capacitados para la gestión de la ATU […] tienen 20 años de experiencia, son parte de mi equipo de trabajo, con el cual tengo confianza profesional. Quiero dejar claramente sentado que este no es el Club de Toby, como han pretendido señalar. No hay ninguna irregularidad ni ilegalidad”.
Agregó que se desvinculó en el 2019, cuando asumió como ministra de Transportes y Comunicaciones, de la empresa que formó, Jara Consulting Group, y que le ha explicado el caso al actual titular del MTC, Carlos Lozada.
“Cuando me enteré de este tema, le expliqué directamente al ministro. Le dije que le iba a alcanzar una ayuda memoria y haré algo más: si es posible, mañana mismo le alcanzará un informe sobre este tema”, afirmó.
Al ser consultada si el ministro le había dado su respaldo, señaló: “Más allá de una declaración política de respaldo o no, para mí lo más importante es mi nombre. No me parece correcto que vengan a decir que las cosas parecen de otra manera”.
Avances y traspiés
Los logros conseguidos por la ATU hasta la fecha son pocos “porque lamentablemente su instalación y funcionamiento han tenido demasiados tropiezos”, consideró Alfonso Flórez.
Explicó que la ATU ha perdido meses de trabajo en lograr la fusión de los estamentos del transporte público de Lima y Callao. “La mayor absorción de su tiempo ha estado en eso: terminar los procesos de fusión de las GTU [gerencias de transporte urbano], de Protransporte y el Metropolitano, del Tren eléctrico, y también en conseguir el presupuesto para operar”, dijo.
La ATU, por ejemplo, aun no culmina con la transferencia del servicio del Metropolitano, que permanece bajo la administración de la Municipalidad de Lima. María Jara aseguró a El Comercio que la absorción del Metropolitano se espera concretar este mes.
A ello se suma que los planes para cambiar el actual modelo de negocio del transporte público, llamado comisionista - afiliador, por el modelo empresarial, se vieron afectados por la cuarentena general impuesta para frenar el avance del coronavirus. Por esta, se postergaron las capacitaciones presenciales a empresarios del sector sobre el modelo de concesiones.
Con el caótico modelo comisionista – afiliador, los concesionarios de rutas afilian vehículos para que presten servicio de transporte público sin tener relación con sus dueños ni conductores.
Además, obligada por la coyuntura, la ATU pasó a priorizar aspectos sanitarios del transporte público y recibió una transferencia de S/ 50 millones destinadas a la limpieza y desinfección de las unidades de transporte de Lima y Callao.
Pero en mayo pasado, la Contraloría detectó que el servicio de limpieza contratado por la ATU no estaba cumpliendo con las obligaciones contractuales y le pidió a Jara que adopte medidas inmediatas para asegurar la desinfección de los vehículos.
Jara dijo a El Comercio que se rompió el vínculo con una de las empresas a cargo de la desinfección y se convocó a una nueva licitación.
En opinión del director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, “la fortaleza de la señora María Jara es su experiencia. Tiene todo el ‘know how’ [conocimiento] para la gestión de la ATU. Con esa experiencia se puede garantizar una buena gestión”. Sin embargo, precisó que está en manos del ministro de Transportes y del presidente Martín Vizcarra “juzgar las acciones de la señora Jara”.
Un año después de empezar sus funciones, la ATU solo cuenta con alrededor de 125 inspectores, señaló Florez. “La masa de inspectores continúa en manos de la Municipalidad de Lima y los corredores y el Metropolitano; por lo tanto, la fuerza de fiscalización es muy limitada. Por más buena voluntad, con 125 personas no fiscalizas ni una ruta”, dijo.
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