Un frenazo a la reforma del transporte, por Pedro Ortiz Bisso

Es una pésima noticia para Lima que las empresas de transporte que nos roban a diario valiosos minutos de nuestras vidas mientras se zurran en los semáforos, desafían a los policías de tránsito, se burlan de los fiscalizadores, trasladan como ganado a sus pasajeros y ponen en peligro la vida de los peatones con que se encuentren en su camino hayan sido autorizadas para continuar un año más en las calles.

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El comunicado dado a conocer el jueves por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao es desalentador. Empresas que acumulan millones de soles en papeletas impagas y han hecho trizas el principio de autoridad reciben por sexta vez un trato acorde con su comportamiento. Con los reyezuelos de nuestras calles y avenidas nadie se mete.

La justificación desde la ATU es que aún no han podido elaborar los reglamentos que permitan emprender el reordenamiento que la ciudad exige. Los especialistas señalan que la falta de tiempo les ha jugado en contra.

La señora María Jara, máxima autoridad de la ATU, conoce lo que significa enfrentarse al poder cuasiomnímodo de este grupete. Ella tuvo que aguantarlos cuando estuvo a cargo de la Gerencia de Transporte Urbano de la ciudad, durante la gestión de Susana Villarán, ahora encarcelada.

Uno de los pocos aciertos de dicha administración fue enfrentárseles con el fin de encauzar la reforma del transporte. El costo político y social fue alto. En más de una ocasión, los transportistas intentaron paralizar la ciudad, mientras movían sus influencias en diversas esferas del poder para no ser puestos en vereda.

Lo poco que se avanzó se fue al tacho durante el tercer mandato del señor Luis Castañeda. El 13 de julio del año pasado, las 339 empresas de transporte recibieron el visto bueno para trabajar 18 meses más.

El próximo año, más o menos por esta época, se tendrá que decidir si se amplían nuevamente las autorizaciones. No será un diciembre cualquiera: estaremos en plena campaña electoral, las candidaturas presidenciales estarán definidas y aunque los favoritos empezarán a decantarse entre febrero y marzo, ya habrán emprendido alianzas y compromisos con diversas organizaciones.

Uno de ellas será la de los transportistas. ¿Tendrá la ATU el respaldo suficiente para enfrentarse a un grupo poderoso que, ténganlo por seguro, buscará soporte político para mantener su statu quo? ¿El Gobierno, que estará de salida y sabe Dios con cuántos problemas encima, se comprará la pelea por la reforma del transporte?

El futuro de la batalla por tener calles ordenadas y seguras es una incógnita.