La última del CNM, por Gino Costa

En medio del estado de emergencia declarado en el Callao –región virtualmente tomada por las mafias del narcotráfico, las extorsiones y la corrupción–, el presidente de su Corte Superior César Hinostroza fue elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para llenar una plaza vacante en la Corte Suprema de Justicia. Es de no creer que no hubiera mejores candidatos, pues sobre él pesan acusaciones que lamentablemente no pudieron ser aclaradas en su proceso de selección.

Según el Instituto de Defensa Legal (IDL), en la entrevista pública que se le hizo no se le preguntó por qué no declaró su casa en Miami, por qué publicó un libro que era plagio de una tesis universitaria y por qué se ha negado reiteradamente a reconocer que fue defensor de un acusado por narcotráfico. Más sospechoso aún es por qué no se le preguntó qué ha hecho al frente de la magistratura chalaca para acabar con la impunidad judicial que es el combustible de la violencia y el delito que campea en el Callao.

El seleccionado por el CNM para llenar la plaza vacante en las fiscalías supremas, Tomás Aladino Gálvez Villegas, no tiene cargos tan graves y numerosos como los de Hinostroza Pariachi. No obstante, cuenta con un procedimiento disciplinario abierto en su propia institución por presuntos malos manejos presupuestarios y su trayectoria está asociada al ex Fiscal de la Nación José Peláez Bardales, quien hasta hoy es investigado por el CNM por su conducta cómplice con el hoy encarcelado ex presidente regional de Áncash César Álvarez.

El CNM también ha aprovechado para seleccionar a otros tres postulantes que ocuparán las próximas vacantes que se generen en la Corte Suprema y en las fiscalías supremas. Sus credenciales no son mejores que los arriba mencionados. Nada menos se podía esperar de un CNM como el actual, que arrastra los más serios cuestionamientos desde su creación por la Constitución de 1993, especialmente a raíz de la reciente ratificación/destitución de Alfredo Quispe Pariona.

Desafortunadamente esto no fue suficiente para que la actual mayoría del Congreso de la República procediera a ejercer el control constitucional que le corresponde y abriera la investigación sobre su lamentable actuación. El silencio del Congreso fue la luz verde que necesitaba el CNM para concluir este deprimente proceso de selección, cuyas implicaciones para la seguridad y la justicia no podrán ser sino negativas.

Para vencer la batalla contra el crimen es imprescindible contar con fiscales y jueces penales capaces, competentes y honestos. Si el CNM –institución que los debe nombrar, evaluar y disciplinar– no está integrado por gente de reconocida valía académica, profesional y ética, no debe sorprendernos la corrupción y la impunidad que arrastran nuestro sistema de justicia penal. Las próximas elecciones nos darán la oportunidad de enrumbar las cosas. Si no lo hacemos seguiremos haciendo agua.