
Una de las prioridades de Donald Trump en sus 100 primeros días de gobierno ha sido sin duda las restricciones migratorias. En ese sentido, el presidente de Estados Unidos acaba de firmar una nueva orden ejecutiva contra las llamadas “ciudades santuario”, nombre que se le da a estas ciudades que no colaboran con el gobierno federal a la hora de aplicar las leyes antimigratorias y deportaciones.
En su decreto, Donald Trump exigió la identificación de estas ciudades santuarios y estados para tomar represalias que podrían suponer la retirada de ciertos fondos gubernamentales, pero, ¿qué se supone esta orden para estas ciudades y los migrantes que habitan en ellas? Aquí te lo contamos.
¿QUÉ DICE LA ORDEN CONTRA LAS “CIUDADES SANTUARIO”?
Una reciente orden ejecutiva de la administración Trump exige a los funcionarios federales identificar, en un plazo de 30 días, a los estados y autoridades locales que dificultan la aplicación de las leyes migratorias. Además, les instruye a utilizar todos los recursos legales y medidas necesarias para obligar a las llamadas “ciudades santuario” a alinearse con la legislación federal.
Estas jurisdicciones recibirán una notificación formal por su incumplimiento y se les dará la oportunidad de corregir su postura. En caso de no hacerlo, el gobierno evaluará qué fondos federales pueden ser retirados como sanción por no acatar la ley.
Aunque los datos muestran que la mayoría de los crímenes violentos en el país son cometidos por ciudadanos estadounidenses, la administración Trump defendió esta medida señalando que, bajo el mandato de Joe Biden, “millones de extranjeros ilegales” han ingresado al país, entre ellos delincuentes, traficantes de personas, pandilleros e incluso terroristas.
El texto también sostiene que las “ciudades santuario” infringen leyes penales federales al dar refugio a estos migrantes, lo que, según el documento, representa un riesgo significativo para la seguridad nacional. El tema ha generado fuertes tensiones políticas.
En marzo pasado, los alcaldes de Boston, Chicago, Denver y Nueva York comparecieron ante el Congreso en una audiencia cargada de confrontaciones. Allí, se les acusó de incumplir las leyes federales por no colaborar con agentes de ICE en la detención de inmigrantes que no enfrentan cargos criminales, acusaciones que ellos rechazaron tajantemente.

¿QUÉ DIJO UN JUEZ SOBRE EL PLAN DE TRUMP DE CORTARLES EL FINANCIIAMIENTO?
A pesar de la presión ejercida por Donald Trump contra las llamadas “ciudades santuario”, los tribunales han ratificado la legalidad de estas políticas. La semana pasada, un juez federal en California falló en contra del intento del gobierno de retener fondos federales a las autoridades locales que brinden algún tipo de protección a inmigrantes en situación irregular.
El juez William Orrick, quien respondió a una solicitud presentada por San Francisco y más de una docena de municipios con políticas que limitan la cooperación con los agentes migratorios federales, concluyó que partes de las órdenes ejecutivas impulsadas por Trump son inconstitucionales. En su fallo, subrayó que el gobierno no puede tomar “ninguna acción directa o indirecta para retener, congelar o condicionar fondos federales”.
Una de las órdenes ejecutivas firmadas anteriormente por Trump buscaba justamente suspender recursos financieros a las jurisdicciones que, según su administración, promovían políticas que protegían a inmigrantes indocumentados frente a la deportación.
Durante el proceso judicial, los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que no existía base suficiente para emitir la orden judicial, ya que el gobierno aún no había concretado la retención de fondos ni impuesto condiciones específicas sobre las subvenciones.
Sin embargo, Orrick desestimó esta posición y recordó que argumentos similares fueron presentados durante el primer mandato de Trump, cuando se emitió una orden similar.
“El temor bien fundamentado a que estas leyes se apliquen es ahora incluso mayor que en 2017”, escribió el magistrado, haciendo referencia no solo a las nuevas órdenes ejecutivas, sino también a las instrucciones de la Fiscalía, otras agencias federales y demandas previas interpuestas por el Departamento de Justicia contra ciudades como Chicago y Nueva York.













