
La noche del domingo marcó un nuevo punto de inflexión en la política migratoria de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) redoblar sus esfuerzos de deportación, con un enfoque específico en las grandes ciudades gobernadas por demócratas como Los Ángeles, Chicago y Nueva York. La directiva, publicada a través de su plataforma Truth Social, describe una ofensiva sin precedentes para implementar lo que él mismo denominó “el Programa de Deportación Masiva más grande de la Historia”.
El anuncio llega en medio de protestas crecientes en ciudades como Los Ángeles, donde miles de manifestantes han salido a las calles en contra de las políticas migratorias del exmandatario. Pero lejos de ceder ante la presión social, Trump ha ordenado a ICE “hacer todo lo que esté a su alcance” para alcanzar los objetivos de su administración, que según el asesor Stephen Miller, contempla un mínimo de 3,000 arrestos diarios de inmigrantes indocumentados.

DONALD TRUMP Y EL RESPALDO AL TRABAJO DE ICE
En su publicación, Trump elogió el trabajo de ICE, afirmando que sus agentes actúan “con valentía, determinación y fuerza” a pesar de enfrentar lo que describió como “violencia, acoso y amenazas” por parte de políticos demócratas. El mensaje fue claro: la maquinaria migratoria debe avanzar sin titubeos, con todos los recursos del gobierno federal detrás.
Las palabras del presidente fueron más allá de lo político; se tornaron personales y ofensivas. Acusó a los demócratas de utilizar a inmigrantes indocumentados para “hacer trampa en las elecciones”, expandir el “Estado de Bienestar” y “robar empleos” a ciudadanos estadounidenses. Afirmó que estos gobiernos “odian nuestro país” y que están destruyendo comunidades urbanas que alguna vez fueron “pueblos idílicos”.
Además, en un giro ideológico más amplio, Trump vinculó la migración con otras causas progresistas, criticando la “igualdad de oportunidades para todos” y hasta la inclusión de personas transgénero en deportes femeninos. “Hay algo mal con ellos”, afirmó. El mensaje se presentó no solo como una ofensiva contra la inmigración ilegal, sino como una declaración de guerra cultural.

LAS REACCIONES DE LAS AUTORIDADES NO SE HICIERON ESPERAR
El gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ambos demócratas, denunciaron la decisión como un abuso de poder. Sin embargo, sus críticas quedaron temporalmente neutralizadas cuando un tribunal federal de apelaciones levantó la orden que declaraba ilegal el despliegue de tropas en Los Ángeles, permitiendo que continúe el apoyo militar a las redadas.
Con tropas de la Guardia Nacional patrullando barrios latinos y comunidades migrantes, y agentes federales realizando detenciones masivas, la tensión ha alcanzado niveles sin precedentes. Mientras tanto, el silencio por parte de ICE sobre cifras exactas o criterios de detención solo alimenta el miedo e incertidumbre entre millones de residentes.
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