Decenas de cortes de inmigración en Estados Unidos se vienen enfrentando a vacantes críticas que podrían provocar serios retrasos en el debido proceso legal para miles de personas en proceso de deportación. Durante su primer mes en el poder, la administración del presidente Donald Trump despidió a más de dos docenas de jueces de inmigración, lo que agravó un sistema judicial ya sobrecargado con millones de casos pendientes. A esto se suman más de 100 empleados que optaron por renunciar, retirarse anticipadamente o fueron despedidos, dejando aún más desmantelado el aparato judicial migratorio.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, viene impulsando un endurecimiento en las políticas migratorias del país. (Foto: AFP)
/ La situación genera preocupación entre organizaciones laborales y de derechos de los inmigrantes, que cuestionan cómo se podrá sostener la ambiciosa política de deportaciones con un sistema judicial debilitado. “Se tarda más de un año en que estos jueces de inmigración realmente asuman el cargo, sean contratados y reciban capacitación”, explicó Matt Biggs, presidente del sindicato que representa a jueces de inmigración. “La mayoría de los jueces que fueron despedidos ya estaban listos para ocupar el estrado”, agregó.
¿Fueron motivaciones políticas las que impulsaron los despidos?
Algunos de los jueces despedidos habían sido contratados al final del mandato de Joe Biden, aunque Biggs aseguró que “el proceso de selección no es político”. Sin embargo, los despidos se produjeron en paralelo con la remoción de funcionarios del Departamento de Justicia que habían investigado a Trump o que eran percibidos como desalineados con su agenda. A los jueces se les permitió acogerse a un programa de renuncia voluntaria, una opción que no se ofreció a otros empleados del sistema migratorio.
Tanto la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR) como la Oficina de Administración de Personal se negaron a hacer comentarios sobre los despidos. En su sitio web, el Departamento de Justicia simplemente informa que “la EOIR está revisando actualmente las solicitudes y entrevistando candidatos de la última convocatoria para jueces de inmigración”. Mientras tanto, el sistema continúa operando con recursos humanos limitados y cortes sin liderazgo.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) es la agencia encargada de realizar operativos migratorios en todo el país. (Foto: EFE)
/ ¿Cómo afecta esto al sistema migratorio y qué dicen los expertos?
Actualmente hay alrededor de 700 jueces de inmigración en todo el país, responsables de decidir sobre deportaciones, revocaciones de residencia y solicitudes de asilo. Cada uno maneja en promedio entre 500 y 600 casos al año. Sin embargo, al cierre de 2024, había más de 4 millones de casos pendientes, incluidos casi 1.5 millones de peticiones de asilo, lo que refleja un sistema al borde del colapso. Según Greg Chen, de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, “despedir jueces, eliminar personal y tomar decisiones ideológicas sobre los tribunales no hará que los casos avancen más rápido; de hecho, lo ralentizará”.
Una de las juezas despedidas fue Kerry Doyle, quien había sido asesora legal principal del ICE y ocupó un cargo en el Departamento de Seguridad Nacional bajo Biden. Fue una de las 13 jueces removidas justo antes de asumir su puesto. “Estaba entusiasmada por hacer el trabajo... Tenía la esperanza de que priorizaran mantener a los jueces de inmigración”, expresó. Y concluyó: “No pensé que solo duraría dos meses”. Su testimonio resume el sentimiento de frustración que rodea a un sistema judicial que, además de colapsado, parece cada vez más influenciado por intereses políticos.
Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, está impulsando una política de deportaciones masivas en las últimas semanas. (Foto: AP)
