
En tiempos donde la desigualdad económica crece a un ritmo preocupante en Estados Unidos, los programas de ingresos garantizados emergen como una respuesta esperanzadora. Ya no se trata solo de repartir subsidios, sino de apostar por un nuevo modelo de bienestar: dar dinero en efectivo, de forma directa y sin condiciones, para devolver dignidad, autonomía y estabilidad a quienes más lo necesitan.
En este panorama, el Sacramento Family First Economic Support Pilot se suma a la ola de pilotos que buscan poner a prueba esta idea. Pero lo hace con una condición que ha generado más de una reflexión: no pueden participar personas que ya reciban ingresos garantizados por otro medio.
A primera vista, la restricción puede parecer un tecnicismo burocrático. Pero en realidad, esta cláusula abre la puerta a un debate más profundo sobre cómo se mide el impacto social, cómo se reparte la ayuda y qué significa realmente ser justo cuando los recursos son limitados. ¿Por qué impedir que alguien reciba más de un ingreso garantizado si la necesidad es evidente? La respuesta no está en la intención, sino en el diseño.

¿QUÉ SON LOS INGRESOS GARANTIZADOS?
Para entender la lógica detrás de esta decisión, primero hay que comprender qué son exactamente los ingresos garantizados. Se trata de transferencias monetarias periódicas que llegan sin ataduras. No exigen que el beneficiario trabaje, estudie ni justifique sus compras. Su premisa es clara: el dinero en manos de quienes lo necesitan puede transformar realidades, desde cubrir el alquiler hasta pagar tratamientos médicos, invertir en un negocio o, simplemente, respirar con menos ansiedad.
En ese marco, el programa de Sacramento apunta especialmente a familias afectadas por los estragos de la pandemia, la inflación o la falta de vivienda. Pero al ser un programa piloto, su propósito no es solo ayudar, sino aprender.

LAS RAZONES DETRÁS DE LA EXCLUSIVIDAD EN LA PARTICIPACIÓN
La primera gran razón para evitar la duplicación de beneficios es garantizar la validez científica del experimento. Si se quiere medir el efecto real de este ingreso sobre la vida de una familia, es clave que no haya otras variables similares contaminando los resultados. En otras palabras, si alguien ya está recibiendo dinero de otro piloto, ¿cómo saber cuál de los dos hizo la diferencia?
Además, está el principio de equidad en la distribución. Al limitar la participación a personas que no estén inscritas en otros programas, se amplía el universo de familias que pueden recibir apoyo por primera vez. Esto evita que ciertos hogares acumulen múltiples beneficios, mientras otros con igual o mayor necesidad se quedan fuera del sistema. No es un castigo a quienes ya reciben ayuda, sino una forma de repartir mejor el pastel.
Otro motivo tiene que ver con la responsabilidad en el uso de los fondos. Muchos de estos proyectos se financian con dinero público o aportes filantrópicos, lo que exige una administración transparente, estratégica y eficiente. Si una persona accede a dos fuentes similares de ingreso garantizado, puede percibirse como una duplicación presupuestaria injustificada, algo que puede poner en riesgo la confianza en futuras inversiones sociales.
Finalmente, está la cuestión de las expectativas infladas. Si un estudio demuestra que quienes recibieron ingresos garantizados lograron reducir su estrés, mejorar su salud o aumentar su productividad, pero en realidad contaban con doble apoyo, los resultados podrían ser engañosos. Esto distorsionaría el diseño de políticas futuras, basadas en una promesa de impacto que no se sostiene en condiciones reales. Por eso, medir con precisión es tan importante como ayudar.
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