
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) lanzó una advertencia a las empresas y contratistas en Estados Unidos: tolerancia cero para quienes mantengan en sus nóminas a trabajadores sin autorización legal. La agencia reforzó sus acciones bajo la operación ‘Image’, que recientemente culminó con la detención de 33 personas, incluyendo a cuatro extranjeros que ya habían sido deportados anteriormente. Este operativo demuestra la intención del gobierno de castigar no solo a los migrantes sin papeles, sino también a los empleadores que se saltan las normas.
LA ADVERTENCIA DE ICE A LOS CONTRATISTAS EN EE. UU.
A través de un comunicado oficial, ICE acusó directamente a las empresas que contratan migrantes latinos de dañar la competencia en el mercado. Según la entidad, este tipo de contrataciones ilegales no solo representan una infracción a las leyes migratorias, sino que también debilitan a las compañías que sí cumplen con la legislación.

“Explotan la mano de obra extranjera ilegal, lo que dificulta que las empresas legítimas se mantengan a flote”, se puede leer en el documento. Un mensaje que resuena con fuerza en un país donde el cumplimiento de la ley laboral se ha convertido en una prioridad política y económica.
El programa ‘Image’ fue creado precisamente con ese propósito: fomentar prácticas de contratación responsables. A través de esta iniciativa, ICE busca que las empresas se conviertan en aliadas en la lucha contra la contratación ilegal, ayudándolas a verificar la elegibilidad laboral de sus empleados mediante procesos claros y legales.
El problema, sin embargo, va más allá de la legalidad. En muchos sectores, especialmente en agricultura, construcción o servicios, la presencia de trabajadores migrantes indocumentados responde a una demanda de mano de obra que muchas veces no se cubre con personal local. Esto genera una zona gris en la que algunos empleadores optan por ignorar los riesgos legales a cambio de reducir sus costos operativos.

LAS MULTAS O PENAS POR CONTRATAR MIGRANTES ILEGALES
Las sanciones para quienes infringen estas normas no son menores. Según lo establecido en la sección 274A del Acta de Inmigración y Nacionalidad (INA), las multas económicas varían dependiendo de la reincidencia del empleador. Una primera infracción puede costar entre US$627 y US$5,016 por trabajador no autorizado. Si se repite, la cifra sube a un rango de US$5,016 a US$12,537. Y en caso de una tercera infracción o más, la multa puede llegar hasta los US$25,076 por cada empleado ilegal.
Pero las consecuencias no terminan allí. Si se demuestra que existe un patrón o práctica sistemática de contratación de personas sin autorización para trabajar, los empleadores podrían enfrentar cargos penales, incluyendo prisión de hasta seis meses por cada trabajador involucrado. Una amenaza legal seria que obliga a repensar no solo las decisiones de contratación, sino también los principios éticos que rigen a una empresa.
Para el ICE, esta campaña no es solo una acción legal, sino una cruzada por proteger la integridad del mercado laboral estadounidense. Las medidas adoptadas buscan disuadir a los empleadores de seguir alimentando redes de explotación laboral que afectan a migrantes vulnerables y desbalancean las condiciones de competencia en distintos sectores económicos.
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