
La tranquila ciudad de Keller, en el condado de Tarrant, Texas, se encuentra en el centro de un encendido debate tras anunciar su intención de sumarse al programa 287(g) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Si se aprueba, Keller se convertirá en la primera localidad de la región en establecer formalmente este tipo de colaboración con las autoridades migratorias federales, un paso que podría marcar un antes y un después en el enfoque estatal sobre la inmigración.
LA PALABRA DEL ALCALDE DE KELLER
La propuesta será discutida oficialmente el próximo 5 de agosto en una reunión del Ayuntamiento. Mientras tanto, el alcalde Armin Mizani ha dejado clara su postura: el objetivo es fortalecer la seguridad pública, no iniciar una cacería de inmigrantes. “Estamos enfocados en aplicar la ley de forma justa y responsable”, afirmó Mizani, en un intento por calmar las crecientes preocupaciones dentro de la comunidad.
El programa 287(g) no es nuevo. Fue creado en 1996 bajo la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrantes y permite que las autoridades locales colaboren con ICE para identificar y procesar a inmigrantes bajo custodia por delitos. Es decir, no se trata de verificar el estatus migratorio de cualquier persona en la calle, sino de intervenir en casos en los que ya existe un arresto criminal.
En el caso específico de Keller, el modelo que se busca implementar es el de Control en Cárceles (JEM), lo cual implica que solo se revisará el estatus migratorio de quienes ya hayan sido detenidos y procesados por delitos. Esta distinción ha sido clave en el discurso del alcalde para enfatizar que no se trata de criminalizar a toda la comunidad inmigrante, sino de reforzar las consecuencias legales para quienes violen la ley.

LA POLÉMICA ESTÁ SERVIDA
Diversas organizaciones pro derechos civiles han expresado su temor de que este tipo de colaboración termine abriendo la puerta a prácticas discriminatorias, perfilamiento racial y errores que podrían afectar a personas inocentes. La palabra “seguridad” sigue siendo interpretada de formas muy distintas dependiendo del lado en el que se encuentre uno en el debate migratorio.
Por su parte, defensores del programa sostienen que este tipo de medidas es fundamental para garantizar el orden público, especialmente en zonas donde el flujo migratorio ha crecido y las autoridades locales enfrentan limitaciones operativas. Para ellos, el 287(g) representa una herramienta de apoyo, no un mecanismo de persecución.
Lo cierto es que Texas continúa siendo un campo de batalla político cuando se trata de temas migratorios. Y lo que ocurra en Keller podría sentar un precedente: si el programa se aprueba y se implementa sin incidentes, otras ciudades del condado de Tarrant podrían seguir sus pasos, aumentando la colaboración entre policías locales e ICE en todo el estado.
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