Vivir en un estado santuario ya no garantiza la protección contra el rastreo o la detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Aunque muchas personas creen que las leyes locales bastan para frenar la deportación, la realidad es más inquietante: ICE ha tejido una red invisible a través de acuerdos con empresas privadas, dejando en entredicho las garantías legales de miles de inmigrantes.
¿CÓMO ACCEDEN A LA INFORMACIÓN DE LOS INMIGRANTES?
Según la organización ACLU, la agencia migratoria ha encontrado una puerta trasera para acceder a datos sensibles: empresas como Appriss Solutions y plataformas como LexisNexis Accurint Virtual Crime Center permiten que ICE obtenga información detallada —como registros de detención o fechas de liberación— sin necesidad de contar con el permiso de autoridades locales ni de presentar una orden judicial.
La agencia ICE tiene un presupuesto anual de aproximadamente US$8 billones (Foto: AFP)
En teoría, leyes como las de Colorado prohíben a empleados estatales y municipales compartir datos con ICE. Pero la letra de la ley se diluye frente a los contratos con intermediarios privados. Estas empresas se alimentan de bases de datos judiciales y policiales que, si bien fueron creadas para otros fines, terminan siendo utilizadas como herramientas de vigilancia migratoria encubierta.
Lo más perturbador es la forma en que estas plataformas —como Accurint, de LexisNexis— funcionan. Prometen ofrecer “una visión integral de la identidad” a sus clientes suscriptores, entre ellos ICE. Y lo logran accediendo a más de 10.000 fuentes de datos en tiempo real, muchas provenientes de agencias locales que, en teoría, no deberían colaborar con el gobierno federal en temas migratorios.
ICE ahora cuenta con más de 20,000 personal del orden público y apoyo en más de 400 oficinas en Estados Unidos y alrededor del mundo (Foto: AFP)
EL RESULTADO ES UNA PARADOJA JURÍDICA
Aunque un estado prohíba la cooperación directa con ICE, este puede seguir operando gracias a la información que flota libremente en estos sistemas, sin que ninguna autoridad estatal pueda detenerlo. Las empresas tecnológicas se convierten así en intermediarios que, sin controles claros, burlan la voluntad democrática.
En Colorado, 87 agencias policiales —incluyendo sheriff y departamentos locales— están conectadas a estas plataformas. Esto significa que la mayoría de detenciones en el estado terminan registradas en bases de datos accesibles para ICE. En algunos condados, incluso, funcionarios policiales integran los directorios de estas empresas, lo que plantea serias dudas sobre conflicto de intereses y violación de leyes estatales.
Este ecosistema oculto tiene consecuencias reales. Muchos inmigrantes viven bajo una vigilancia constante que ni siquiera saben que existe. Tienen miedo de asistir a tribunales, de cumplir citas de libertad condicional o incluso de llamar al 911, por temor a ser detectados y deportados. La seguridad pública, en lugar de protegerlos, se convierte en una amenaza.
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