
La historia de Roman Surovtsev, un padre de familia residente en Texas, ha despertado preocupación y debate en torno a las políticas migratorias de Estados Unidos. Agentes de ICE lo detuvieron después de que se revocara su Green Card por delitos cometidos en su juventud.
Surovtsev, de 41 años, llegó al país desde la entonces Unión Soviética cuando tenía apenas 4 años. Según informaron su esposa y sus abogados a Newsweek, aunque su tarjeta de residencia fue anulada tras declararse culpable de varios cargos, entre ellos robo y secuestro de vehículos, cuando era adolescente, nunca fue deportado.
Hoy, su caso se complica aún más: es considerado apátrida, ya que ni Rusia ni Ucrania reconocen su ciudadanía.

Su abogado, Eric Lee, sostiene que la detención es injusta y que el gobierno busca enviarlo a una zona de conflicto. “El gobierno está intentando deportarlo a un país donde sería reclutado para pelear en el frente de guerra, con una alta probabilidad de morir. Roman creció aquí, pagó por sus errores y ahora tiene una familia estadounidense”, afirmó.
Surovtsev fue arrestado el 1 de agosto durante una cita rutinaria con ICE, un procedimiento que había cumplido sin incidentes durante años. Desde entonces, se encuentra recluido en el Centro de Detención Bluebonnet, en Anson, Texas.
Su esposa, Samantha Surovtsev, describió la experiencia como “traumatizante” y asegura que su familia vive una pesadilla. “Solo quiero que vuelva a casa. Está encerrado en una caja de concreto. Él ya pagó por lo que hizo”, dijo entre lágrimas.
Para Samantha, el caso de su esposo demuestra que las historias migratorias no son blanco o negro. “Cada caso merece ser escuchado frente a un juez. Roman es un padre presente, un trabajador, y nuestra comunidad no gana nada con su detención”, aseguró.

Sin embargo, desde el Departamento de Seguridad Nacional, la versión oficial es distinta. Tricia McLaughlin, subsecretaria asistente de la agencia, calificó a Surovtsev como “delincuente agravado e inmigrante ilegal procedente de Rusia”, recordando que tiene una orden final de deportación emitida por un juez en 2014.
“Bajo el liderazgo del presidente Trump y la secretaria Noem, quien infringe la ley enfrentará las consecuencias. Los inmigrantes ilegales con antecedentes criminales no son bienvenidos en Estados Unidos”, declaró.
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