Desde hace ya varios meses, el debate sobre el futuro del Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) —el programa de ayuda alimentaria de Estados Unidos— volvió al centro de la agenda pública, pero en esta oportunidad no es por algún efecto relacionado con el pasado cierre del gobierno federal. Y es que la administración de Donald Trump intensificó la tensión con una advertencia contundente: amenaza con retener fondos federales que ayudan a los estados a administrar el programa en aquellos que no entreguen datos detallados sobre los beneficiarios. Esa medida —si se concreta— podría desestabilizar la gestión estatal del beneficio y afectar a millones de personas que dependen de él.
Más allá de la retórica política, lo que está en juego es mucho más que cifras: hablamos de seguridad alimentaria, recursos públicos y una disputa sobre privacidad y control gubernamental. Por eso me parece importante contarte con claridad lo que propone el gobierno, qué piden los estados y bajo qué condición se podría evitar este recorte de fondos.
¿QUÉ EXIGE EL GOBIERNO Y POR QUÉ AMENAZA CON RECORTAR FONDOS?
La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, informó que el gobierno federal —a través del U.S. Department of Agriculture (USDA)— comenzará a retener los fondos destinados a la administración de SNAP en aquellos estados que no entreguen la información solicitada sobre los beneficiarios. Entre los datos exigidos están nombres, número del Seguro Social, estatus migratorio y otro tipo de información personal.
La razón: según la administración, esos datos son necesarios para “detectar fraude”. Rollins señaló que en los estados que sí compartieron la información, se identificaron casos alarmantes: cerca de 186,000 personas fallecidas que seguían figurando como beneficiarias, y aproximadamente 500,000 beneficiarios recibiendo ayuda en más de un estado.
La idea, dijo Rollins, es garantizar que quien realmente necesita la ayuda la reciba —y proteger al contribuyente estadounidense.
La pelea entre Trump y estados demócratas por los datos de beneficiarios SNAP podría terminar en la retención de fondos administrativos de aquellas localidades (Foto: Pixabay / AFP / USDA)
ESTADOS QUE PODRÍAN PERDER FINANCIAMIENTO
La amenaza apunta específicamente a estados con gobiernos demócratas. Según los reportes, 28 estados (y Guam) ya compartieron los datos; la mayoría gobernados por republicanos.
Pero otros 22 estados más el Distrito de Columbia, gobernados o administrados por demócratas, se negaron a cumplir, sosteniendo que ya verifican la elegibilidad de los beneficiarios y que no compartirán datos sensibles con el gobierno federal.
La advertencia se lanzó formalmente: si no entregan la información antes de una fecha límite (los estados tienen hasta el 8 de diciembre para responder), la USDA dejará de transferir fondos administrativos.
Los estados que rechazan entregar los datos argumentan que ya realizan sus propias revisiones de elegibilidad y que compartir datos tan sensibles con el gobierno federal representa una invasión a la privacidad de los beneficiarios.
De hecho, muchos de esos estados presentaron demandas contra la solicitud, y un juez federal en San Francisco emitió una orden preliminar que prohíbe temporalmente a la USDA exigir los datos o retener fondos a causa de ese incumplimiento.
Algunos críticos denuncian además que la medida tiene un tinte claramente político: una forma de presionar a estados gobernados por un partido rival.
¿QUÉ FONDOS SE VEN AFECTADOS?
Es importante aclarar algo: la retención de fondos no afecta el pago directo de los beneficios a quienes usan SNAP. Lo que corre riesgo es el dinero que el gobierno federal otorga a los estados para administrar el programa, es decir: su operatividad, gestión, oficinas, personal.
A nivel de gasto, SNAP cuesta al gobierno federal alrededor de US$100 mil millones al año. De ese total, unos US$94 mil millones se destinan a beneficios propiamente dichos, y el resto cubre costos administrativos.
Ese monto varía mucho según el estado: por ejemplo, en 2023 el estado de Wyoming recibió menos de US$9 millones para administrar SNAP; en cambio, estados grandes como California recibieron más de US$1,200 millones.
Para muchos estados, perder esos recursos supone una carga enorme: algunos podrían ver muy difícil mantener la operación del programa sin apoyo federal. En casos extremos, se han advertido posibilidades de abandonar SNAP.
¿QUÉ DEBERÍA PASAR PARA QUE NO SE CORTE LA AYUDA?
La condición que puso el gobierno federal es clara: los estados deben entregar los datos solicitados antes del plazo establecido. De lo contrario, no recibirán los fondos administrativos. Por ahora, algunos estados parecen estar evaluando opciones: algunos intentan apelar, otros quizá cumplan el requisito, y hay incertidumbre sobre el impacto real.
Es decir que, si los estados aceptan compartir la información, el flujo de fondos probablemente se restablecerá —y la administración mantendrá la operación normal de SNAP, al menos en lo que respecta a administración.
Los beneficiarios de SNAP reciben fondos a través de una tarjeta electrónica que pueden usar para comprar alimentos en tiendas autorizadas (Fotos: Freepik / USDA)
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