El Noveno Circuito de Apelaciones en California autorizó al gobierno de Donald Trump terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 60.000 migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal. La decisión, considerada un triunfo de la Casa Blanca en su cruzada contra este amparo migratorio, establece que los beneficiarios solo tendrán 60 días antes de perder su estatus legal.
Con esta medida, 51.000 hondureños, 3.000 nicaragüenses y miles de nepaleses que han residido legalmente en Estados Unidos por más de 10 o incluso 25 años, se enfrentan al riesgo de deportación. El fallo se suma a la estrategia de la administración Trump, que también ha cancelado el TPS para haitianos, venezolanos y otros grupos, afectando en total a más de 850.000 inmigrantes.
Trump avanza en su política migratoria: su decisión de cancelar el TPS deja a miles de inmigrantes en riesgo de deportación. (Foto de Octavio Guzmán / EFE)
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El fallo judicial significa que miles de beneficiarios perderán su autorización de trabajo y residencia temporal, lo que genera una crisis inmediata en comunidades que dependen de esta protección. La decisión también impacta a más de 40.000 hijos ciudadanos estadounidenses de beneficiarios del TPS, quienes ahora viven en la incertidumbre de una posible separación familiar.
Diversas organizaciones de derechos civiles calificaron la resolución como un “revés devastador”, señalando que se trata de una medida que desmantela un pilar humanitario y económico en las comunidades migrantes. Según la ACLU y la Red Nacional de Jornaleros, la decisión no solo afecta a los inmigrantes amparados, sino también a la fuerza laboral y a la cohesión social de los barrios donde residen.
¿Por qué la Administración Trump cancela el TPS?
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumenta que el TPS fue creado como una medida temporal para quienes huían de desastres o conflictos, y no como un sistema de asilo permanente. En palabras de la subsecretaria Tricia McLaughlin, la cancelación busca “restaurar la integridad del sistema migratorio” y devolver al programa su propósito original.
Sin embargo, abogados y defensores de los inmigrantes sostienen que la medida responde a una estrategia política más amplia. Según expertos de la ACLU y del Centro de Derecho y Políticas de Inmigración de la UCLA, la cancelación del TPS forma parte de una “campaña coordinada” para limitar cualquier vía de legalidad a los inmigrantes, dejando en vulnerabilidad a comunidades que llevan décadas aportando al país.
