Durante la segunda mitad del 2019, las noticias que obtenían los principales titulares en todo el mundo giraban en torno a las movilizaciones de protesta en países tan disímiles como Chile, Francia o el Líbano. En los primeros meses del 2020 esas noticias fueron desplazadas de los titulares por la pandemia del COVID-19. Cabría preguntarse, sin embargo, ¿cuál podría ser el efecto de esta sobre la probabilidad de que reaparezcan esas protestas en los meses venideros?
Una primera constatación es que la pandemia originó una reducción significativa de las protestas debido a una de las razones por las que provocó una disminución significativa de la actividad económica: las medidas de distanciamiento social que, como cuarentenas y toques de queda, adoptaron muchos gobiernos en respuesta. Pero sabemos por antecedentes históricos (por ejemplo, las protestas contra una cuarentena por un brote de cólera en la Nueva York del siglo XIX), así como por hechos recientes (las protestas contra la cuarentena, amén de otras causas, en Chile), que ese tipo de medidas pueden en sí mismas proveer una nueva fuente de reclamos en torno a los cuales movilizarse.
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Incluso cuando las medidas de distanciamiento social no suscitan manifestaciones en su contra, contribuyen a que reaparezcan las protestas cuando se levantan. La razón sería que, en buena parte de los casos, los reclamos que dieron origen a esas protestas siguen sin ser atendidos, pero –como consecuencia de la pandemia y la recesión mundial asociada a ella– los gobiernos cuentan ahora con menos recursos para atenderlos.
No es casual que, por ejemplo, las protestas en el mundo árabe entre los años 2019 y 2020 produjeran la caída de gobiernos en Argelia, Iraq y Sudán como no lo hicieron las protestas durante la Primavera Árabe del 2011. En aquel entonces, el precio del petróleo (la principal exportación en los tres países) era relativamente elevado. Las protestas recientes, en cambio, surgieron tras una caída significativa en su cotización internacional. Además, Sudán perdió buena parte de sus reservas tras la secesión de Sudán del Sur.
Pero la importancia de los recursos fiscales disponibles depende también de la naturaleza de los reclamos que motivan las protestas. Cuando el reclamo es, como en el caso de Ecuador, en contra de medidas de austeridad (que buscan precisamente reducir tanto el déficit fiscal como la deuda pública), la carencia de recursos por parte del Gobierno es, en efecto, un problema grave. Pero contar con recursos fiscales (o con capacidad para obtenerlos mediante endeudamiento público) podría no ser suficiente cuando las protestas plantean, además, demandas de índole política (como fue el caso en Bolivia y continúa siendo el caso en Chile).
Un último tema sería el del papel de las redes sociales en la convocatoria a movilizaciones y marchas de protesta. Una investigación en curso de Erica Chenowitz y Jeremy Pressman sostiene que las recientes movilizaciones contra el racismo en Estados Unidos fueron mayores que las movilizaciones por la misma causa en la década de los sesenta. De hecho, esos autores sostienen que, considerando el número de movilizaciones, las cifras estimadas de participantes y el número de ciudades y poblados en que tuvieron lugar habrían sido las mayores protestas en la historia de ese país.
Existe, sin embargo, una diferencia entre las protestas de los años sesenta y las que convocó en forma reciente el movimiento Black Lives Matter. Aquellas fueron el resultado de un largo proceso previo de organización (la denominada Marcha sobre Washington de Martin Luther King implicó trasladar, alojar y alimentar a miles de personas). Las movilizaciones recientes, en cambio, tuvieron en las redes sociales uno de sus principales medios de convocatoria. Lo cual plantea una interrogante: dado su menor grado de organización, de ser necesario, ¿podrían esas movilizaciones mantenerse en el tiempo?
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