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Se recrudecen las protestas en la India.
El lunes, en el cuarto día de manifestaciones, miles de musulmanes salieron a las calles del país para repudiar una enmienda a la Ley de Ciudadanía que fue aprobada en tiempo récord por el Parlamento la semana pasada.
Un día antes, el domingo, manifestantes y policías se enfrentaron violentamente en la universidad de Jamia Millia Islamia de Nueva Delhi, dejando al menos 200 heridos y decenas de detenidos.
El canal NDTV mostró imágenes grabadas por los propios universitarios dentro de la biblioteca del centro, en el momento en el que las fuerzas de seguridad irrumpieron para desalojar la sala, y tras la acción policial que dejó sillas y mesas desparramadas por el suelo.
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La jefa de Gobierno del estado oriental de Bengala, Mamata Banerjee, encabeza una marcha. (AFP / Dibyangshu SARKAR).
/ Las autoridades universitarias no habían autorizado la entrada de la policía al campus.
Este lunes, miles de universitarios se sumaron a la protesta contra la Ley de Ciudadanía y también aprovecharon para repudiar la acción policial de la víspera.
Varios de los manifestantes, que según los organizadores no eran estudiantes, incendiaron tres autobuses.
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Un autobús que fue quemado durante una protesta en Nueva Delhi. (REUTERS/Adnan Abidi).
/ En la ciudad de Lucknow, cientos de estudiantes musulmanes lanzaron piedras contra la policía que se protegía detrás de un muro, según imágenes difundidas por la televisión.
El noreste del país, donde se iniciaron las protestas, ya han muerto seis personas en las manifestaciones.
El partido nacionalista hindú Bharatiya Janata (BJP), del primer ministro Narendra Modi, denunció que las protestas son una maniobra de la oposición.
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Manifestantes gritan consignas cerca de la Universidad Jamia Millia Islamia. (EFE / EPA / RAJAT GUPTA).
/ ¿Por qué protestan los musulmanes?
La enmienda a la Ley de Ciudadanía, que fue aprobada en solo tres días tras ser rechazada en la legislatura anterior, busca regularizar a los inmigrantes procedentes de países como Afganistán, Pakistán y Bangladesh llegados a la India antes del 31 de diciembre del 2014 y que pertenecen a las religiones hindú, sij, budista, jain, parsi y cristiana.
Es decir, la ley se aplica a los refugiados de esos países pero con la condición de que no sean musulmanes.
El Gobierno de la India ha justificado la ley por la necesidad de dar asilo a estas minorías perseguidas en sus países de origen.
Sin embargo, el texto, impulsado por el Gobierno del partido nacionalista hindú BJP ha sido muy criticado por ir contra el espíritu laico de la India al hacer de la religión un factor para obtener la ciudadanía.
Para sus detractores, la ley responde a la voluntad del poder nacionalista hindú de marginar a la minoría musulmana en el país.
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La policía se enfrenta a manifestantes en Nueva Delhi. (REUTERS/Adnan Abidi/File Photo).
/ Organizaciones de defensa de los derechos humanos y un partido político musulmán presentaron un recurso contra la ley ante la Corte Suprema, argumentando que es anticonstitucional y contraria a las tradiciones seculares indias.
El opositor Rahul Gandhi, cuyo Partido del Congreso perdió ante los nacionalistas hindúes en las urnas, tildó en Twitter a la ley y a un polémico registro de ciudadanos de “armas de polarización de masas lanzadas por fascistas en India”.
La jefa de Gobierno del estado oriental de Bengala, Mamata Banerjee, también organizó el lunes una multitudinaria marcha en contra de a la enmienda.
LA DEFENSA DEL GOBIERNO
El primer ministro, Narendra Modi, ha calificado la situación en las calles como “desafortunada y muy inquietante” e hizo un llamado a la calma.
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Narendra Modi, primer ministro de la India. (REUTERS/Adnan Abidi).
/ Argumentó que la ley ilustra “la centenaria cultura de la India de aceptación, armonía, compasión y hermandad” y no afectará de ningún modo a los musulmanes de la India.
Organizaciones pro derechos humanos han recordado que la enmienda se enmarca en un contexto más amplio en el que el Gobierno indio ha declarado su intención de realizar un censo en todo el país para identificar a inmigrantes irregulares poniendo especialmente en riesgo a los musulmanes.
El Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha calificado la ley de “fundamentalmente discriminatoria”.
