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Acudieron a una tienda para comprar huevos y leche cuando un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos decidió pedirles sus documentos.
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El motivo de la breve detención no fue más que el idioma en el que las dos mujeres conversaban: español.
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Sucedió en mayo de 2018 en la pequeña población de Havre, estado de Montana, en el norte de Estados Unidos.
Aquel incidente ocupó numerosos titulares en la prensa estadounidense y para las involucradas, Ana Suda y Martha “Mimi” Hernández, significó centenares de mensajes de acoso que las obligaron a mudarse de ciudad.
No por ello las dos mujeres renunciaron a la defensa de sus derechos y presentaron una demanda contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por su sigla en inglés).
Y esta semana se anunció un acuerdo entre las partes en disputa por el que Suda y Hernández recibirán una compensación económica (el monto todavía no fue hecho público) debido al episodio que sufrieron hace dos años y medio.
“Inconcebible”
La información del arreglo fue divulgada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), una entidad civil que defiende los derechos de minorías como los migrantes.
La institución fue una de las promotoras de la demanda de las dos mujeres y sostiene que el acuerdo alcanzado es un punto inicial para frenar actos de discriminación como los sufridos por Suda y Hernández.
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El agente de la Patrulla Fronteriza, sabía que le estaban grabando durante el incidente. (Ana Suda).
“El comportamiento de la CBP fue inconcebible e ilegal, pero lamentablemente no es infrecuente. Esta agencia debe rendir cuentas”, señaló Caitlin Borgmann, directora de ACLU en el estado de Montana.
La entidad señala que el episodio vivido por las dos mujeres fue “inconcebible, ilegal y tristemente no inusual”.
Orgullo
Para Ana Suda, el acuerdo logrado deberá llevar a que la CBP analice “detenidamente” sus prácticas y políticas antes de intervenir.
“Nos enfrentamos al gobierno porque hablar español no es una razón para ser acosado y perfilado racialmente. Me enorgullece ser bilingüe”, señaló la mujer, de acuerdo al comunicado emitido por ACLU.
Suda añade que “nadie más debería pasar por algo así de nuevo”.
La demandante tuvo que mudarse a su estado natal, Texas, debido a la amplia difusión del video con su detención y el acoso sufrido desde entonces.
“Llegó un punto en el que no pude más con la situación en Havre y me tuve que ir. Mi vida ya no es la misma. Ese incidente cambió mi vida por completo.”, afirmó Suda en una entrevista con BBC Mundo en noviembre de 2019.
“Ese agente arruinó mi vida. El tener que dejar todo lo que tienes, porque yo era feliz allá, tenía todo y con mi esposo planeábamos retirarnos y morir allá”, lamentó Ana Suda.
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Ana Suda, en entrevista con BBC Mundo en noviembre de 2019. (BBC/ANGÉLICA CASAS).
Hernández, por su parte, también abandonó Montana ante la agresividad que sufría de parte de algunos pobladores.
No se reconoce responsabilidad
El acuerdo alcanzado con las dos mujeres no es tomado como un reconocimiento de error por parte de las autoridades estadounidenses.
A través de un correo electrónico, la CBP indicó a la cadena estadounidense NBC que no emitirá ningún comentario respecto a lo sucedido.
La institución añadió que el acuerdo “de ninguna manera pretende ser, y no debe interpretarse como, una admisión de responsabilidad o culpa”.
El agente que protagonizó la detención de las dos mujeres, Paul O’Neill, fue acusado por ACLU de tener antecedentes racistas y formar parte de grupos en redes sociales que fomentan la discriminación de los migrantes.
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