¿Por qué el Gobierno de Rusia le ha declarado la guerra a las redes sociales?

El Gobierno de Rusia, a través del Servicio Federal de Supervisión de Comunicaciones, Tecnología de la Información y Medios de Comunicación (Roskomnadzor), ha denunciado a las plataformas de Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Telegram por “no eliminar oportunamente información que promueve en los adolescentes actividades ilícitas como la participación en eventos públicos no autorizados”. Esto, en referencia a las protestas que tienen lugar en el gigante euroasiático en apoyo al opositor Alexei Navalny, informó la agencia de noticias Interfax.

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Además de los gigantes del Internet, el Kremlin ha apuntado también contra VKontakte y Odnosklassniki, este último ya había sido multado con 4 millones de rublos (US$ 54.000) el 4 de marzo por dos infracciones administrativas similares a la que ahora se le imputa.

La empresa respondió a la agencia Interfax que apelaría a dicha multa.

Esta disputa se originó a raíz de las protestas masivas que se han vivido en Rusia desde que el opositor al presidente Vladimir Putin, Alexei Navalny, fuese sentenciado en febrero a 3 años y medio de prisión por haber violado su libertad bajo palabra.

Navalny había vuelto a Rusia el 17 de enero luego de pasar cinco meses en Alemania recuperándose de un envenenamiento por el que señala a Putin como autor. Ese mismo día fue arrestado y multado por difamación, posteriormente un tribunal lo envió a un campo de trabajo.

Cómo se ha visto en otros casos de estallido social, las redes se convirtieron en el principal aliado de los manifestantes, permitiéndoles organizar las marchas contra el Gobierno y difundir las jornadas que se vivían para el extranjero.

En ese contexto, el presidente Putin firmó el 24 de febrero nuevas leyes que aumentaban las multas por violaciones cometidas por manifestantes y gigantes de Internet. Según las modificaciones, los manifestantes que desobedecieran a las fuerzas del orden serían multados con hasta 20 mil rublos (unos 280 dólares) o 30 días de cárcel.

Las plataformas digitales como Facebook o Twitter que violen las normas de “Internet soberana” impuestas en Rusia, recibirían multas de hasta un millón de rublos (13.300 dólares).

Por su parte, los sitios que sancionen a medios de comunicación rusos tendrían que pagar hasta 3 millones de rublos (40 mil dólares).

Diferentes organizaciones y activistas han denunciado que las medidas solo pretenden silenciar a la oposición rusa y limitar la libertad de expresión.

Silenciando al Internet

El de Rusia, sin embargo, está lejos de ser el único ejemplo en el que un gobierno emprende cuestionadas regulaciones contra plataformas virtuales.

Según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Eritrea es el país con mayor censura del mundo. Enfocándonos exclusivamente en el accionar del gobierno de Isaías Afewerki, en el poder desde 1993, contra el libre acceso a Internet, destaca que solo el 1% de su población tiene acceso a él, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU.

“Los usuarios de Internet se ven obligados a visitar los cafés de Internet, donde pueden ser vigilados con facilidad. Un informe publicado en marzo de 2019 por la Colaboración sobre Política de TIC Internacional para el África Oriental y Austral sugiere que el autoritario Gobierno es tan ‘brutal o dominante’ que ello ‘hace innecesario ordenar la interferencia abierta de la Internet’”, señala el informe del CPJ.

Otro caso conocido es el de Corea del Norte, donde solo la élite política tiene acceso a Internet. Lo más cercano que hay de ello, algo a lo que además solo tienen acceso algunas escuelas e instituciones gubernamentales, es una intranet llamada Kwangmyong que está estrictamente controlada por el régimen de Kim Jong-un.

En Arabia Saudita se publicó en el 2011 una norma para que toda noticia u opinión publicada en algún sitio web o blog debe tener una licencia del Ministerio de Cultura e Información. Según The New York Times, las autoridades saudíes se valen de bots y troles para frenar tendencias que podrían resultar incómodas para los gobernantes.

El ejemplo más cerca, y considerado el décimo país con mayor censura en el mundo por el CPJ, es Cuba. Si bien la isla ha mostrado cierta apertura hacia la expansión del internet móvil y en los hogares durante los últimos 4 años, el precio de dichos servicios son exhorbitantes. “(Acceso a) 4 gigabytes de datos cuestan unos 30 dólares estadounidenses, el equivalente del salario mensual estatal promedio en 2017 (en Cuba)”, advierte el CPJ.

Por otro lado, acceder no es garantía de poder navegar o difundir lo que desees. Para eso existe Etecsa, el proveedor de Internet estatal, encargado no solo de brindar el servicio sino también de bloquear contenido objetable por el régimen o impedir el acceso a ciertas plataformas que podrían resultar incómoda para el Gobierno Castrista.

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