Ucrania quiere un tribunal internacional especial solo para juzgar a Vladimir Putin, ¿es posible?

En mayo, el Parlamento Europeo hizo la misma solicitud a la Unión Europea, con la idea de que se investigue a las “autoridades civiles y los mandos militares rusos y a sus aliados”. Según el organismo, se han registrado “graves violaciones del Derecho Internacional humanitario”, entre las que mencionan:

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“El bombardeo indiscriminado de ciudades y pueblos, las deportaciones forzadas, el uso de municiones prohibidas, los ataques contra civiles que trataban de huir de zonas de conflicto por corredores humanitarios acordados previamente, las ejecuciones de civiles, la violencia sexual y los desplazamientos forzosos”.

Y entre las demandas del Parlamento también se pide “actuar con rapidez” porque advierte que, “debido a las hostilidades en curso”, existen altas probabilidades de que se “destruyan pruebas de crímenes de guerra”.

Hasta el mismo fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se ha pronunciado sobre lo que sucede en Ucrania. En julio, él pidió que el “sistema de justicia internacional” se pusiera en marcha frente a los atropellos de Moscú. “En un momento como este, la ley no puede ser una espectadora; la ley no puede descansar cómodamente en La Haya o en cualquier otro lugar, cuando está destinada a proteger o defender ciertos principios que son esenciales para la humanidad”, sentenció.

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El problema con el Estatuto de Roma

Pedir una investigación y un proceso judicial internacional en el corto plazo no es viable. El primer motivo es que la Corte Penal Internacional (CPI) no tiene vela en el entierro: tal como lo anota Euronews, ni Rusia ni Ucrania son miembros del acuerdo que le daría cabida ya no han firmado el estatuto de Roma.

En todo caso, si la CPI investiga los crímenes de guerra que se suceden en el campo de batalla, es porque para ellos sí tiene jurisdicción a pesar de las posturas de los países.

“Y todavía es muy pronto para crear una corte ad hoc para este asunto -sostiene Enrique Banús, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Piura-. Cuando hablamos de temas internacionales, seis meses o un año es muy poco. Además este tipo de procesos se suceden cuando ya pasó cierto tiempo del final del conflicto. Primero son los frentes militares, políticos, económicos y de opinión, y luego llega el legal”.

“Es verdad que hay algunas pruebas, pero todavía no serían suficientes o contundentes. También hay que tener en consideración que hay varias ONG recogiendo información en el terreno, pero no pueden trabajar bien porque pueden terminar en zonas de bombardeos”.

Para Banús, si el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mantiene este pedido es por una estrategia de opinión pública. Lo que el mandatario sostiene es que esta no es una guerra, que no hay dos partes que puedan tener buenas razones; al contrario, lo que viene sucediendo es una agresión y ellos son los agredidos.

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¿Guerra o agresión?

La abogada y consultora en Justicia Internacional Michelle Reyes Milk, en un artículo para el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, recuerda el concepto de agresión entre países. Para ello, cita la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de la ONU, firmada en 1974:

“La agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la indepen­dencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, tal como se enuncia en la presente definición”.

Según el análisis de Reyes, “los ataques que se están llevando a cabo en este momento sin duda califican como acto de agresión imputable al Estado” y que, los argumentos rusos para validar la agresión carecen de “todo sustento jurídico”.

La especialista agrega:

“Cabe asimismo apreciar que el crimen de agresión contiene una ‘cláusula de liderazgo’ – requisito ajeno al resto de los crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) – que determina que únicamente se configurará el crimen de agresión si el autor del crimen es una persona ‘en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado’”.

No es un dato menor.

El portal “El Debate” indica que, hasta mayo, se detectaron cerca de 600 sospechosos de crímenes de agresión, grupo en el que se incluyen “altos responsables militares, políticos y agentes de propaganda”, según Iryna Venediktova, exfiscal general de Ucrania.

Pero nuevamente, el problema es que Rusia y Ucrania no han ratificado el “Estatuto de Roma (ni de las enmiendas de Kampala)”. Por esa razón, el jefe adjunto de la administración presidencial ucraniana, Andrii Smirnov, sostiene que ya existe un texto para crear un tribunal especial y que existen conversaciones con algunas países para que lo acojan en su territorio.

Si no se ha avanzado tan rápido como a Smirnov le hubiese gustado es porque “algunos países, si bien reconocen la agresión contra Ucrania, intentan dejar una pequeña puerta abierta para negociar con Vladimir Putin”. El futuro del líder del Kremlin, por el momento, parece muy lejos del banquillo de los acusados.