El Gobierno británico de Rishi Sunak ha conseguido sacar adelante su controvertido plan para enviar a Ruanda a migrantes en situación irregular, después de que el Parlamento diera luz verde a la ley en una sesión maratoniana.
La legislación, pieza central del programa del Gobierno conservador, despeja el camino para que los vuelos con las deportaciones a Ruanda empiecen a despegar en 10 a 12 semanas, según cálculos de las autoridades británicas.
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El objetivo de la ley es considerar a Ruanda un país seguro para enviar a los migrantes que han cruzado de manera ilegal en pateras el Canal de la Mancha, que separa Francia de Inglaterra, después de que el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial británica, considerase el pasado noviembre ilegal el plan inicial.
El denominado Proyecto de Ley sobre la Seguridad de Ruanda (Asilo e Inmigración) superó el trámite parlamentario después de meses de tira y afloja entre las dos cámaras -baja y alta-, ya que los lores hicieron numerosas enmiendas que después los diputados tumbaron.
Cuando se produce este tipo de desacuerdos entre comunes y lores -lo que en la jerga parlamentaria se denomina ‘pin pon’- es la voluntad de la cámara baja la que prevalece porque es la elegida por los británicos en las urnas.
El lunes, Sunak dio un ultimátum a los lores para que aceptasen la legislación y les había avisado que el Parlamento continuaría toda la noche, sin importar la hora, hasta que fuese aprobada.
Con esta ley, Sunak busca que actúe como herramienta disuasoria a fin de que los migrantes no hagan los cruces peligrosos por aguas del canal y se rompa el lucrativo negocio de las bandas criminales que cobran a personas desesperadas por llegar a Inglaterra.
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Esta legislación ha sido promovida por el Gobierno británico tras alcanzar un acuerdo con Ruanda.
El Reino Unido ya ha pagado al país africano 240 millones de libras (278 millones de euros) y se ha comprometido con 370 millones de libras (429 millones de euros) durante los próximos cinco años, mientras que recibirá un complemento de 120 millones de libras (139 millones de euros) una vez que hayan llegado a 300 migrantes.
Después de que la ley superase el trámite parlamentario, Sunak dijo en un comunicado que la ley es “histórica” y supone “un cambio fundamental en la ecuación global sobre migración”.
“Presentamos el proyecto de ley de Ruanda para disuadir a los inmigrantes vulnerables de realizar cruces peligrosos y romper el modelo de negocios de las bandas criminales que los explotan”, señaló.
La aprobación de esta legislación “dejará muy claro que si vienes aquí ilegalmente, no podrás quedarte. Nuestro objetivo ahora es lograr que los vuelos despeguen, y tengo claro que nada se interpondrá en nuestro camino para lograrlo y salvar vidas”, agregó.
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La portavoz de Interior del Partido Laborista, Yvette Cooper, calificó la plan migratorio de tener un precio “exorbitante” y aseguró que si su partido gana las próximas elecciones generales -previstas para este año- presentará un plan alternativo.
“El Partido Laborista reemplazaría el plan de Ruanda con un nuevo plan para reforzar nuestra seguridad fronteriza, para perseguir a las bandas criminales y sus redes en toda Europa”, agregó a la BBC.
La organización Freedom from Torture, junto con Amnistía Internacional y Liberty, criticaron al Gobierno por ignorar las conclusiones del Tribunal Supremo y resaltaron que la legislación supone “una amenaza importante al Estado de derecho” al socavar la protección a las personas del abuso de poder por parte del Estado.
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