Menem y una traición que sigue impune a 25 años de la guerra del Cenepa

En la capital argentina, a cuatro mil kilómetros de la Cordillera del Cóndor, sigue abierto un oscuro capítulo del conflicto del Cenepa. Veinticinco años después de ventilar el contrabando de armas hacia Ecuador durante el gobierno de Carlos Menem, el periodista argentino Daniel Santoro se mantiene alerta al devenir judicial de la causa. “Es una investigación que tiene un lugar muy especial en mi carrera. Tuve dos años de dedicación exclusiva al tema”, señala con emoción.

La historia arranca en febrero de 1995 con un cable de la agencia France Press que alertaba de un supuesto desvío de armas a Ecuador y Croacia. Santoro, asignado en ese entonces a cubrir la cotidianidad de la cancillería para el diario “Clarín”, estuvo en el lugar preciso.

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Ante la rápida desmentida del gobierno, el periodista se apoyó en el principio básico de la profesión: dudar. “Éramos diez reporteros acreditados en Relaciones Exteriores. La mayoría se quedó con la versión oficial. Yo había visto al embajador peruano salir de la cancillería con mala cara. Luego, contrastando con fuentes del Ministerio de Defensa hallé contradicciones”, menciona.

En los días posteriores, la competencia desatendió el tema y el gobierno acusó que se trataba de una campaña hecha por “Clarín”. Santoro persistió y fueron apareciendo misivas entre ministros, nombres de intermediarios, documentos que hacían presagiar que la dirección era la correcta. “En ese momento, no suponíamos que el tema iba a llegar a un presidente que había sido reelegido recién con más de 50% de aprobación”.

Firmas comprometedoras

Unas semanas después, el 15 de marzo, el abogado Ricardo Monner Sans tomó la investigación de Santoro y presentó una denuncia penal ante el juez federal Jorge Urso. La causa tomaría fuerza con la aparición de tres decretos secretos donde se autorizaba la exportación de armas a Venezuela y Panamá. Los documentos llevaban las firmas de los ministros de Relaciones Exteriores (Guido Di Tella), Defensa (Oscar Camilión), Economía (Domingo Cavallo) y el presidente de la República Carlos Saúl Menem.

“Sería mentir decir que el 15 de marzo estaba imputando personalmente. Estaba imputando institucionalmente. Después, tuve mayor conciencia de la responsabilidad de Menem. Los decretos eran ideológicamente falsos”, cuenta

Monner Sans desde su estudio en pleno corazón de Buenos Aires.

Venezuela no había hecho ningún pedido de armamento y Panamá carecía de Ejército debido a la invasión estadounidense de 1989. Los destinos reales eran Ecuador y Croacia. La denuncia adquiría carácter de escándalo por las condiciones en que se negociaron las 6.500 toneladas de material bélico. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había impuesto un embargo general de armas a Croacia, envuelta en las guerras yugoslavas. El caso con Ecuador tuvo una fuerte connotación diplomática, ya que según el Protocolo de Río de Janeiro (1942), Argentina era garante de paz entre el Perú y el país norteño.

“Si hay un país que mostró fidelidad siempre a Argentina ese fue el Perú. Fue un acto traicionero”, expresa Monner Sans.

En noviembre de 1995 explosionó la fábrica militar de Río Tercero, el lugar donde se acondicionaba el armamento antes de ser contrabandeado. Menem calificó el hecho, que cobró siete vidas, como un “lamentable accidente”. Pero la investigación judicial determinaría que la intención fue destruir elementos probatorios. “Los peritos demostraron que no se podría prender por una chispa, sino que alguien tuvo que poner un detonador”, precisa Santoro.

Justicia demorada

La investigación continuó su curso judicial y en julio del 2001 el juez Urso ordenó la detención de Menem por encabezar una asociación ilícita de contrabando de armas. Fue la primera vez que un presidente civil argentino era sentenciado a prisión. “Tuvo una repercusión importante. Como denunciante, por esas fechas me hicieron notas en distintos medios internacionales”, recuerda Monner Sans.

El exmandatario cumplió arresto domiciliario hasta diciembre de ese año, cuando la causa toma otros bríos. “Una Corte Suprema que él controlaba políticamente le sacó un traje a medida. Pasó el caso a los fueros económicos con otra dirección”, cuenta Santoro.

A partir de ahí, una serie de idas y vueltas dilataron la resolución. En el 2017, la Sala 1 de la Cámara de Casación confirmó un fallo que establecía una condena de siete años y medio de prisión contra el expresidente y la imposibilidad de ejercer cargos públicos. Nunca se cumplió. La defensa de Menem apeló y un año después todo cambió. En una controversial medida, la Cámara Nacional de Casación Penal absolvió al expresidente argentino por considerar que se excedió el “plazo razonable” para condenar al acusado.

“Mostrar al país que un presidente puede quedar fuera de toda condena penal por la lentitud del Poder Judicial es una de las cosas más indignantes para la ciudadanía”, apunta Monner Sans.

Tras la apelación de Raúl Pleé, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Santoro comentó que la decisión ahora está en cancha de la Corte Suprema. “Menem [actual senador nacional] se alió con el kirchnerismo, votando sus proyectos, para que lo ayuden en sus causas judiciales. Voy a seguir este tema hasta el último momento”, menciona el periodista, deseoso de cerrar este largo capítulo con un final con sabor a justicia.

33 mlls. de dólares fue el costo de las armas vendidas por Argentina a Ecuador, que incluían 8.000 fusiles FAL, 36 cañones, 45.000 proyectiles de cañón, 9.000 granadas y 50 ametralladoras pesadas.