La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez se asoma desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), hoy, en La Paz (Bolivia). (Foto: EFE/ Stringer).
La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez se asoma desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), hoy, en La Paz (Bolivia). (Foto: EFE/ Stringer).
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Agencia EFE
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El Gobierno boliviano informó este jueves que abrió una investigación para indagar la entrega de gases lacrimógenos y “municiones de guerra” desde Ecuador hacia durante el mandato de la expresidenta transitoria,.

“Hemos visto que el Gobierno ecuatoriano ha prestado gases lacrimógenos al pueblo boliviano, al Gobierno de la señora Jeanine Áñez”, manifestó el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, a los medios.

Del Castillo dijo que de acuerdo a información “extraoficial” habrían “municiones de alto calibre”, “municiones de guerra” y que no solo serían los gases lacrimógenos.

“Las investigaciones determinarán si han sido adquiridas de forma regular o irregular”, sostuvo el ministro.

Del Castillo expresó que las investigaciones darán más luces sobre esta situación y que también se revisará si la “normativa legal de Ecuador permitía que el Gobierno del ahora expresidente Lenín Moreno “saque ese armamento de guerra para destinarlo a otro país”.

La justicia boliviana inició una investigación sobre la compra de material antidisturbio con presunto sobreprecio en el mandato de Áñez, en el que se involucra a los exministros de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa Luis Fernando López.

Del Castillo explicó en pasadas ocasiones que en el mandato de Áñez se pagó 5,6 millones de dólares por la compra de gases lacrimógenos en 2019, pero que a la empresa brasileña Cóndor se le canceló solo 3,3 millones de dólares para su adquisición, por lo que hay un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el pasado mes sobre el arresto de dos ciudadanos bolivianos y otros tres estadounidenses por cargos penales relacionados con soborno y lavado de dinero, entre ellos el exministro Murillo y su exjefe de gabinete Sergio Méndez además de los dueños de la empresa intermediaria.

Estas cinco personas están acusadas de supuesta “conspiración para cometer lavado de dinero” y en caso de que sean declarados culpables enfrentarían una condena de 20 años de prisión.

En tanto en Bolivia se inició el proceso para pedir la extradición de Murillo desde Estados Unidos.

Del Castillo explicó que también se pedirá la extradición del exministro López quien se cree que está en Brasil para que también se someta a esta investigación.

El pedido de extradición desde Bolivia se realizará por vía Interpol y también por la cooperación entre Estados, señaló el ministro.

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