Benedetti es citado por la Fiscalía colombiana por supuestas irregularidades en campaña de Petro

La Fiscalía colombiana citó al exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti para una declaración sobre presuntas irregularidades en la campaña electoral del presidente Gustavo Petro, y a otros funcionarios por la muerte de un oficial de la Policía asignado a la Presidencia que supuestamente se suicidó el pasado viernes.

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Así lo informó este martes la Fiscalía en un comunicado en el que señala que Benedetti, que renunció a comienzos de mes, “fue citado a declaración jurada el próximo viernes 23 de junio, para que precise y explique varias afirmaciones suyas que dan cuenta de una presunta financiación ilegal de la campaña política del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego”.

Benedetti fue pieza clave en la campaña presidencial de Petro, principalmente en la costa atlántica, donde es un barón electoral, lo que le valió ser nombrado embajador de Colombia en Venezuela, cargo que ocupó desde agosto pasado hasta su renuncia el 2 de junio en medio de un escándalo de disputas de poder con la entonces jefa de Gabinete presidencial, Laura Sarabia, quien dimitió el mismo día.

Tras la renuncia de Benedetti, la revista Semana publicó unos audios en los que el político, sin ahorrar vulgaridades y ofensas contra Sarabia y Petro, amenazó con revelar supuestas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial.

En uno de los audios enviados a Sarabia, Benedetti reclamó mejor trato del Gobierno alegando que él gestionó 15.000 millones de pesos (unos 3,4 millones de dólares o 3,6 millones de euros) para la campaña de Petro y dijo que si cuenta quienes la financiaron en la costa atlántica, “nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos”.

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EL SUPUESTO ROBO DE DINERO

La citación a los otros funcionarios tiene que ver con la investigación por la muerte del teniente coronel de la Policía Óscar Dávila, supuestamente involucrado en un presunto abuso de poder e interceptaciones telefónicas ilegales a Marelbys Meza, exniñera de Sarabia, acusada de robo, que fue lo que detonó el escándalo en el que acabó involucrado Benedetti.

El exembajador apareció en el caso como la fuente que supuestamente reveló a la prensa, como parte de su enfrentamiento con Sarabia, los posibles abusos de poder cometidos contra la exniñera, acusada del robo de un maletín con una suma no precisada de dinero de la casa de la alta funcionaria.

Por la pérdida del dinero, la Fiscalía citó a Sarabia “a entrevista” el jueves 22 de junio, agregó la institución en un comunicado.

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LA MUERTE DEL CORONEL

En cuanto a la muerte del teniente coronel Dávila, que supuestamente tuvo que ver con el interrogatorio ilegal a Meza en una dependencia del palacio presidencial, la Fiscalía citó a “declaración jurada” al abogado Miguel Ángel del Río y al coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, jefe de Casa Militar de la Presidencia.

“Las diligencias se realizarán el próximo 15 de junio y hacen parte de los actos de indagación definidos por la muerte del teniente coronel Óscar Dávila Torres, ocurrida el pasado 9 de junio”, agregó la Fiscalía.

El cuerpo de Dávila, con un disparo en la cabeza, fue hallado el viernes por la noche dentro de su vehículo en Bogotá y las autoridades aún indagan las causas de la muerte, aunque Petro, aseguró el sábado que se trató de un suicidio.

El ente acusador también citó para el 21 de junio al coronel Feria, al capitán Elkin Augusto Gómez y al intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez para que expliquen “el posible uso irregular del polígrafo al servicio de la Presidencia” en el interrogatorio a Meza, “para establecer si se configuraron los delitos de abuso de autoridad, peculado por uso, entre otros”.

Igualmente llamó a un interrogatorio al capitán Carlos Andrés Correa Loaiza “por la interceptación ilegal a las líneas de la exniñera” y otra empleada del servicio doméstico, en su afán por esclarecer el robo del dinero a Sarabia.

Tras el supuesto robo de dinero, los números telefónicos de la niñera y la otra empleada doméstica fueron interceptados ilegalmente por la Policía usando como fachada una investigación contra la banda criminal del Clan del Golfo en el departamento del Chocó, en el oeste del país.