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Fue el propio presidente Rafael Correa quien les hizo saber a los manifestantes que las protestas que habían sucedido en varias ciudades de Ecuador en la última semana dieron resultado.
Al menos por el momento.
"He decidido retirar temporalmente los proyectos de ley y abrir un gran debate sobre las leyes en particular, pero en general sobre la clase de país que deseamos", dijo Correa en referencia a las dos polémicas propuestas legislativas que hicieron salir a miles de ecuatorianos a las calles.
Estas, según insistió el mandatario este lunes, solamente afectarán a los más ricos del país, "menos del 2% de la población".
Pero, a juzgar por las manifestaciones de los últimos días, parecen preocupar a un número mucho mayor de ecuatorianos.
La más polémica de las propuestas es la Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza, conocida popularmente como Ley de Herencias, que propone empezar a gravar toda herencia o legado con un valor superior a US$34.500 en lugar de los US$68.000 actuales.
La segunda medida, conocida como Ley de Plusvalía, busca la creación de un impuesto a las ganancias extraordinarias en las transferencias de bienes inmuebles, también con el objetivo declarado de combatir la desigualdad en un país descrito por Correa como "uno de los más desiguales del mundo".
Según Correa, los nuevos impuestos solamente afectarán a los más ricos del país. Pero muchos temen un impacto negativo sobre la inversión y generación de empleo.
"Menos del 2% de familias poseen el 90% de las grandes empresas. ¿Es meritocracia que un alto ejecutivo pueda ganar en dos meses lo que gana un obrero en toda su vida?", dijo Correa para justificar sus esfuerzos por limitar la acumulación de la riqueza en Ecuador.
La importancia que Correa le asigna a la iniciativa quedó evidenciada en lo que dijo de la Ley de Herencias: "Es un proyecto tan importante que lo considero equivalente a la reforma agraria de los 60: va a cambiar la estructura de propiedad sobre todos los medios de producción en nuestro país".
¿Qué lo llevó entonces a echarse para atrás cuando cuenta con una mayoría clara en la Asamblea? ¿Y por qué salieron a protestar también numerosos ecuatorianos de clase media?
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VISITA PAPAL Y VIOLENCIA
Oficialmente, Correa retiró los anteproyectos para evitar la posibilidad de violencia, especialmente en vísperas de la anunciada visita del papa Francisco, y a pesar de que hasta el momento las manifestaciones han sido fundamentalmente pacíficas.
Los simpatizantes del gobierno también se manifestaron en apoyo a las reformas.
"Grupos opositores han generado una violencia inusitada y siguen intentando generar incidentes (…). Obviamente buscan un nuevo 30-S", dijo el mandatario, haciendo referencia a los incidentes del 30 de setiembre deL 2010, cuando una protesta salarial de la policía degeneró en lo que Correa denunció como una intentona golpista.
En su alocución el presidente ecuatoriano admitió que ya había anticipado el "costo político" que tendrían las medidas, que muchos creen están motivadas porque su administración necesita mayores recursos para hacer frente a las pérdidas generadas por la caída de los precios internacionales del petróleo.
El mandatario también reconoció que el debate sobre los méritos y riesgos de sus propuestas –y la visión de país que reflejan– no había podido darse de manera adecuada en el parlamento.
"Queremos debates, no gritos. Queremos argumentos, no manipulaciones. Queremos escuchar y hablar, no insultos ni infamias; peor aún, violencia. Todo esto es lo que se debió hacer en la Asamblea, pero ha sido imposible con tanta desinformación y violencia", dijo Correa.
En esta, como en otras ocasiones, es la oposición la primera en denunciarlo a él por autoritario e intransigente.
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EL PROBLEMA DE LA RIQUEZA
Efectivamente, los opositores acusan al mandatario de haberse acostumbrado a emplear su mayoría legislativa para imponer su voluntad, haciendo notar que a menudo eso no le ha dejado a la ciudadanía más alternativa que las protestas en las calles.
Correa afirma que la intención final de las protestas en sacarlo del gobierno.
"Nadie quiere que (Correa) se vaya, sino que rectifique", le dijo a medios locales el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, uno de los rostros más visibles de una protesta que el mandatario también denunció como parte de un complot para intentar sacarlo del gobierno al tiempo que retaba a la oposición a intentar hacerlo convocando una consulta revocatoria.
Esa "rectificación" se la piden además los principales grupos empresariales del país y asociaciones gremiales, quienes afirman que los proyectos de ley que crean nuevos impuestos tendrán un impacto negativo sobre la inversión, el comercio y, por ende, sobre la creación de empleos.
Ese discurso parece, además, haber calado entre los trabajadores y la clase media, como admitió el mismo Correa, aunque el presidente acusa a la extrema derecha y los grandes intereses económicos de "desinformar sobre el contenido de los proyectos y sus efectos, y de este modo infundir pánico en los ciudadanos honestos".
Este cruce de acusaciones, en cualquier caso, demuestra que el debate empieza en la caracterización misma de las dos visiones en conflicto que están detrás de las protestas.
Para Correa, la elección es entre una visión que legitima la acumulación ilimitada de riqueza y sataniza cualquier forma de redistribución –incluso los mismos impuestos – y otra, la suya, en la que el estado actúa para buscar una sociedad más justa.
Aunque, para otros, la visión gubernamental es una que penaliza el éxito y generación de riqueza y contiene propuestas que son prácticamente confiscatorias, como denuncio en un comunicado el Comité Empresarial Ecuatoriano.
Y en esas condiciones, queda por verse si el debate nacional anunciado por el presidente sucede y además va más allá de las acusaciones y recriminaciones recíprocas.
Los más escépticos, por ejemplo, creen que el frenazo presidencial hay que entenderlo como una medida estrictamente temporal que intenta evitar que el descontento en contra de sus políticas tenga visibilidad mundial gracias a la visita del papa Francisco los días 6, 7 y 8 de julio.
Pero otros creen que el mandatario finalmente se dio cuenta de que había calculado mal su apuesta. Y no faltan quienes afirman que el retiro de los proyectos de ley viene a probar el talante democrático de Rafael Correa.
