Un grupo de 34 exguerrilleras, encarceladas en el marco del conflicto armado en Colombia, se graduaron este miércoles del primer curso oficial para su resocialización, destinado a excombatientes encarcelados que hayan desistido de grupos armados ilegales para acceder a beneficios legales.
Tras una formación de 10 meses en temas jurídicos, de derechos humanos y emprendimiento, recibiendo paralelamente asistencia psicológica, las exintegrantes de guerrillas de izquierda, internas en una prisión de mediana seguridad en el municipio de Chiquinquirá (centro), fueron las primeras graduadas de este programa del Ministerio de Justicia que aspira a la reconciliación.
"Es nuestro deseo pedir perdón a la sociedad por los daños causados y ante todo demostrar que hemos dejado atrás diferencias injustificables", dijo ante un auditorio en ese centro penitenciario Lady Eusse, una de las beneficiadas del curso.
Se trata de la primera formación de este tipo para quienes se acogieron a la ley 975 de 2005 (ley de Justicia y Paz), creada inicialmente para beneficiar a paramilitares de derecha que se desmovilizaron masivamente durante el primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006), pero que aplica para los desmovilizados de todos los grupos armados que han participado en el longevo conflicto armado colombiano.
El Estado "debe buscar mecanismos que le permitan a las personas sentenciadas integrarse a la vida en sociedad después de saldar sus cuentas con la justicia", afirmó en el evento el ministro de Justicia, Yesid Reyes.
"De lo contrario, no habrá servido de nada ni la retaliación propia de la sanción penal ni sus propósitos preventivos", insistió el funcionario, quien destacó que el programa se adelanta en varias cárceles de Colombia, aunque éste es el primer grupo que lo finaliza con éxito.
La ley de Justicia y Paz contempla una pena máxima de ocho años de prisión para quienes hayan decidido dejar las armas voluntariamente, a cambio de cumplir con requisitos de verdad y reparación.
De los beneficiados por esta norma, unos 1.800 cumplen su pena en prisión y ese es el público que aspira a cubrir el proyecto oficial de resocialización, según la cartera de Justicia.
Antes de este proyecto, una entidad estatal, la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), ya adelantaba el proceso para la reinserción de excombatientes de grupos armados ilegales.
Sin embargo, es la primera vez que una política de este tipo trabaja con los desmovilizados dentro de las mismas cárceles donde cumplen condena, indicó una fuente del ministerio a la AFP.
"Con su ejemplo están abriendo camino para que muchos más avancen por esta senda y con su ayuda nos permitan consolidar una verdadera política pública de resocialización que nos ayude a cimentar la paz", agregó Reyes en un discurso a las presas.
Para poner fin al conflicto que ha dejado al menos 220.000 muertos y más de seis millones de desplazados, el gobierno colombiano y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), adelantan diálogos de paz desde noviembre de 2012 en La Habana.
Actualmente, debaten el espinoso tema de la justicia transicional.