Bolivia: familias de víctimas de las protestas del 2019 exigen indemnización | FOTOS

Casi medio centenar de personas protestó este miércoles ante el Ministerio de Justicia en Bolivia para pedir se cumpla un decreto que fija indemnizaciones a familias de fallecidos y heridos en los conflictos sociales de octubre y noviembre del año pasado.

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Varios de los manifestantes provienen de la zona de Senkata, en El Alto, la segunda ciudad más poblada del país vecina de La Paz con casi un millón de habitantes, donde murieron alrededor de once personas y otras resultaron heridas en varias intervenciones de militares y policías durante las protestas sociales.

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“Ahora que se cumplen los nueve meses no hemos recibido ni un centavo ni una respuesta del Ministerio de Justicia”, dijo a Efe Henry, un joven de 22 años que asegura haber recibido el impacto de un proyectil que ingresó por una de sus costillas y salió por su espalda. El hecho sucedió cuando atravesaba el sitio de los incidentes para hacer compras en otro punto de El Alto, según rememoró.

El joven contó que estuvo casi cuatro meses en cama y que después intentó volver a trabajar como herrero o albañil, pero que cuando alza más de unos cinco kilos, comienza a sentir las secuelas de su herida y su capacidad no es la misma.

Sin compensaciones

“Ni diez centavos de parte del Gobierno recibimos nosotros, exigimos que en este momento cumplan lo que han firmado”, dijo a Efe Herminia, una mujer que cargaba a un bebé de pocos meses y que aseguró que su esposo Máximo ya no puede trabajar porque en su espalda tiene alojado un proyectil.

La mujer relató que su esposo resultó herido en un suceso al sur de La Paz entre fuerzas policiales y un grupo de manifestantes con los que supuestamente lo confundieron.

En la protesta se reclama que se cumpla un decreto que fijaba los montos económicos para compensar a las familias de los fallecidos y heridos en esos sucesos, que van entre los 3.000 a 7.183 dólares, en caso de invalidez, y hasta los 14.367 por las muertes.

La pandemia frenó los procesos

El Gobierno interino ha explicado que esos procesos se han paralizado por unos noventa días a causa de la emergencia sanitaria por la COVID-19.

El viceministro interino de Justicia, Huberth Vargas, mencionó a los medios en La Paz que “se han retomado los procedimientos administrativos” y los próximos días se realizará la entrega de los beneficios bajo la forma de “ayuda social humanitaria”, como refiere el decreto aprobado.

Sin embargo, la molestia de los familiares de los muertos y heridos pasa también porque “la Fiscalía no encuentra a los culpables de los hechos” y porque “quedan impunes” los responsables, dijo a Efe Remedios, una joven que perdió a su hermano por un disparo en la cabeza.

Por los sucesos que se produjeron en noviembre pasado en la zona alteña de Senkata, en medio de la crisis política y social que vivió Bolivia, se reportaron hasta once muertos según organizaciones como la Defensoría del Pueblo de Bolivia.

Los hechos se desarrollaron en medio de acusaciones de los manifestantes de que los militares y policías usaron armas para dispararles y la argumentación del Gobierno interino de que no utilizaron armamento letal.

Entre el 21 de octubre y el 24 de noviembre del año pasado fallecieron 36 personas en distintos sucesos violentos por aquella crisis en Bolivia, según la Defensoría del Pueblo.

Bolivia registró a finales de 2019 diversos operativos policiales y militares, en medio de la tensión por los bloqueos en las calles, la escasez de comida y combustibles y los constantes enfrentamientos a favor y en contra de Evo Morales, quien tras su renuncia a la Presidencia el 10 de noviembre salió hacia México. Jeanine Añez asumió el Gobierno interino del país.

Fuente: EFE

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