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Río de Janeiro. El presidente de la Corte Suprema de Brasil, José Antonio Dias Toffoli, suspendió una investigación por corrupción contra el senador Flavio Bolsonaro, uno de los hijos del presidente Jair Bolsonaro, en una cautelar en que aceptó el argumento del investigado de que el proceso está viciado.
La cautelar, concedida el lunes y que tendrá que ser analizada posteriormente por el pleno del Supremo Tribunal Federal (STF), suspendió provisionalmente los procesos no solo contra el senador sino contra otras varias personas cuyos movimientos financieros fueron considerados como sospechosos, informó la Corte este martes.
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A petición de la defensa de Flavio Bolsonaro, Toffoli, en su calidad de único magistrado de turno durante el receso judiciario, suspendió todas las investigaciones que, como en el caso del hijo del gobernante, fueron abiertas por la Fiscalía con base en datos fiscales sigilosos cedidos voluntariamente por los organismos gubernamentales que vigilan los movimientos financieros sospechosos.
La decisión judicial se extiende a todos los procesos abiertos por la Fiscalía sin autorización judicial a partir de datos cedidos por la Administración Federal de Impuestos (Receita) o por el Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf), ambos órganos del Ministerio de Economía.
"Considerando que la Fiscalía viene adelantando procesos de investigación criminal sin supervisión judicial, lo que es temerario desde el punto de vista de las garantías constitucionales de cualquier acusado, se hace prudente suspender esos procedimientos", alegó Toffoli en su cautelar.
"Debe quedar registrado, sin embargo, que esta decisión no afecta las investigaciones en los casos en que los datos cedidos por los órganos administrativos de fiscalización y control fueron compartidos (con la Fiscalía) con la debida supervisión del Poder Judicial y con su previa autorización", agrega la sentencia.
Flavio Bolsonaro, el hijo mayor del líder ultraderechista y que fue elegido senador por el estado de Río de Janeiro en octubre pasado, está en la mira de la Fiscalía desde el año pasado por movimientos financieros atípicos identificados por el Coaf en su cuenta bancaria y en la de 74 excolaboradores suyos en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.
La investigación comenzó a raíz de sospechas sobre movimientos bancarios irregulares de Fabricio Queiroz, un exasesor de Flavio Bolsonaro, detectados por el Coaf y que llevaron al organismo a ceder las informaciones a la Fiscalía, que abrió una investigación por oficio y sin pedir autorización de un juez.
De acuerdo con el organismo, por la cuenta bancaria de Queiroz pasaron en el periodo de un año 1,2 millones de reales (hoy unos 320.000 dólares), una cifra que contrasta con sus ingresos mensuales, que en la época eran de poco más de 20.000 reales (unos 5.500 dólares).
La Fiscalía brasileña ha intentado interrogar a Queiroz y al hijo de Bolsonaro, pero ninguno de ellos se ha presentado pese a haber sido convocados varias veces para declarar.
En el recurso que presentó ante la Corte Suprema para pedir la suspensión de la investigación, Flavio Bolsonaro alegó que, en su caso y en el de los demás investigados, la Fiscalía "se aprovechó del Coaf para crear un atajo y huir del control del Poder Judicial".
"Sin la autorización de la Justicia fue realizada una auditoría general de movimientos bancarios y financieros del acusado por más de una década, lo que constituye una flagrante burla a las reglas constitucionales que garantizan el sigilo bancario y fiscal", según el recurso de la defensa.
Tan solo en mayo, es decir varios meses después de iniciada la investigación, un juez autorizó el levantamiento del sigilo bancario y fiscal del senador y de varios de sus entonces auxiliares en el Legislativo regional, incluyendo Queiroz.
La decisión permitió a los fiscales acceder a las cuentas bancarias del senador entre enero del 2007 y diciembre del 2018 y a sus datos fiscales entre el 2008 y el 2018, varios de los cuales ya estaban en poder de los fiscales por haber sido cedidos por el Coaf.
Flavio Bolsonaro ha argumentado en varias oportunidades que la investigación es ilegal y que los fiscales responsables de la misma tan solo buscan perjudicar el Gobierno de su padre.
En su opinión, la Fiscalía solo solicitó el levantamiento del sigilo para darle una "pintura" de legalidad a la investigación debido a que los fiscales ya habían obtenido acceso a todos los datos sin autorización judicial.
Fuente: EFE
