Buenos Aires, EFE
Opositores argentinos advirtieron sobre el impacto económico, y en especial las consecuencias en el mercado laboral, que tiene para el país el fracaso de las negociaciones entre el gobierno de Cristina Fernández y los fondos especulativos que litigaron en tribunales estadounidenses.
"Me preocupa el empleo de la gente, a medida que siga bajando el nivel de actividad económica. Vengo de Córdoba y Santiago del Estero, todos dicen que están vendiendo menos, que no hay más horas extras. Los argentinos empiezan a tener miedo por su trabajo", afirmó el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri.
"Lamentablemente el gobierno tiene que resolver un problema muy complejo que el mismo gobierno fabricó. Tuvo tiempo de hacer muchísimas cosas para no llegar a esta instancia y de vuelta no lo están resolviendo", agregó Macri, pre candidato a las elecciones presidenciales del 2005.
El alcalde conservador rechazó pronunciarse sobre si Argentina ha caído en cese de pagos o no.
El diputado Hermes Binner, de la coalición Frente Unen y pre candidato presidencial, reclamó que la presidenta, Cristina Fernández, se abra al diálogo para buscar una solución y pidió que diga la verdad al pueblo argentino.
"La crisis se está llevando muchos puestos de trabajos formal", afirmó Binner.
Según el diputado, el litigio con los fondos especulativos ante la justicia estadounidense "es un problema serio que va a tener consecuencias, que no va a ser fácil de resolver porque tiene que ver con la vida de la gente", añadió.
Según los últimos datos oficiales, el PBI argentino se contrajo en el primer trimestre de este año un 0,2 % frente a igual lapso de 2013, mientras que el desempleo se situó a fines de marzo en el 7,1 %, 0,8 puntos porcentuales menos que un año antes.
Desde hace más de un mes, el gobierno argentino y los fondos especulativos negocian en Nueva York tras un fallo firme de la Justicia estadounidense que ordenó el pago de unos US$1.500 millones a este grupo de acreedores que rechazaron reestructurar su deuda en mora desde el 2001.
La falta de acuerdo entre las partes, al vencer el plazo para que el gobierno de Fernández cumpliera sus obligaciones financieras, llevó a calificadoras de riesgo internacionales a declarar la suspensión de pagos en Argentina, aunque el ejecutivo rechaza estar en situación de impago.