Maduro elimina facultades de la Asamblea sobre Banco Central

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, eliminó mediante decreto la facultad de la Asamblea Nacional (Parlamento) para nombrar a los directivos del Banco Central (BC), uno de los entes en la mira de la oposición que asume hoy  el control del legislativo.

Maduro se atribuyó el derecho a designar al presidente y los directores del órgano que rige la política monetaria de Venezuela haciendo uso de los podres especiales que le confería una "ley habilitante" que expiró el pasado 31 de diciembre. El texto fue publicado este martes en la gaceta oficial.

En principio, la facultad recaía en la Asamblea Nacional de Venezuela, que a partir de este martes quedará bajo dominio de la oposición —con 112 diputados electos el 6 de diciembre— de centroderecha tras 16 años de hegemonía chavista. 

La reforma de 18 artículos de la ley del BC fue realizada el 30 de diciembre, un día antes de que finalizaran los poderes especiales que le han permitido a Nicolás Maduro gobernar por decreto en distintos frentes desde marzo de 2014.

La oposición se ha planteado enmendar dicha norma para enfrentar la crisis económica en Venezuela, reflejada en una inflación de más de 200% —según cálculos independientes— contracción del PIB y escasez de productos básicos.

Con el decreto de Nicolás Maduro, el BC, que el año pasado dejó de publicar datos sobre el aumento del costo de vida y PIB, podrá "suspender transitoriamente la publicación de información por el período durante el cual se mantengan situaciones internas o externas que representen una amenaza a la Seguridad Nacional y a la estabilidad económica".

Igualmente, la junta directiva podrá considerar "determinada información como confidencial o secreta", por lo que, de requerirla, la Asamblea tendrá que solicitarla a su titular.

De igual forma, el emisor podrá otorgar créditos de forma excepcional al gobierno y a las instituciones públicas y privadas en Venezuela "cuando objetivamente exista amenaza interna o externa a la seguridad u otro perjuicio al interés público".