El asilo a una exministra condenada por corrupción que enfrenta a Ecuador y Argentina

Duarte, quien ocupó la cartera de Obras Públicas entre febrero del 2015 y enero del 2017, fue condenada a ocho años de prisión por cohecho junto a Correa -asilado en Bélgica- y otros exfuncionarios del gobierno correísta. Según la Fiscalía, los funcionarios integraban una estructura delictiva que pidió sobornos por casi 7,6 millones de dólares a empresas a cambio de contratos con el Estado.

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La exministra ha defendido en todo momento que se considera una perseguida política, lo que le llevó a refugiarse el 13 de agosto del 2020 en la casa del embajador argentino en Quito, donde permanece refugiada junto a su hijo menor de edad, cuyo padre es argentino.

El caso volvió a la palestra hace dos semanas, cuando Argentina notificó formalmente a Ecuador que otorgó asilo diplomático a Duarte. Para ejecutar esa protección es necesario que la exministra salga de la embajada y que las autoridades ecuatorianas le permitan viajar a Argentina y no la detengan por la condena en su contra.

La situación escaló el martes 13, luego de que el gobierno del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, que llegó al poder en mayo del 2021, negara un salvoconducto para que Duarte salga del país. La Cancillería de Ecuador agregó que “no es lícito conceder asilo a una persona condenada por hechos de corrupción”, amparándose en el artículo III de la Convención de Caracas de 1954, del que Ecuador y Argentina forman parte.

Poco después, Ecuador convocó al embajador de Argentina, Gabriel Fucks, para “pedirle explicaciones sobre el contenido de distintas notas de prensa, que refieren que el gobierno argentino habría dado un ‘ultimátum’ a Ecuador para contestar la decisión argentina sobre la señora María Duarte”.

Ecuador admitió el jueves 15 que existe un “traspié” en la relación diplomática con Argentina, la misma que había “sido bastante positiva” hasta antes del impasse.

¿Asilo en juego?

Básicamente, Argentina insiste en otorgar asilo a una exministra que ha sido juzgada en Ecuador por corrupción y sentenciada a prisión por el delito de cohecho y Ecuador dice que no hay motivo para ello.

El politólogo ecuatoriano Sebastián Mantilla, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos (Celaep), destaca que pese a que el gobierno de Argentina presiona sobre esta concesión de asilo debido a que la exministra Duarte permanece en la Embajada de la Argentina en Quito, el asilo no se puede hacer efectivo mientras el gobierno del Ecuador no otorgue un salvoconducto a Duarte.

“Y el gobierno de Lasso parece que no lo va a hacer. Entonces, más allá del cruce de declaraciones de las dos partes, esto va a quedar en suspenso, pero sin duda afecta las relaciones entre ambos países”, dice a El Comercio.

Por su parte, Mauricio Alarcón-Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, comenta que el asilo concedido por Argentina ha sido tomado de muy mala manera en Ecuador porque Duarte está condenada por un caso de corrupción y el proceso en el que se la sentenció dio todas las garantías y terminó no solo con la condena de Duarte, sino con la de más de 20 personas.

“El caso en el que está envuelta la exministra es quizá uno de los casos más sonados de los últimos años. Es un caso de sobornos que involucra financiamiento ilícito de campaña electoral mediante contratistas del Estado. El caso se ha convertido en un símbolo de la corrupción en la época correísta y constituyó el proceso por el que se condenó al mismo exgobernante Rafael Correa y que ha traído cola por el nivel de los funcionarios públicos que están involucrados”, apunta Alarcón-Salvador.

Actuación política

Para los expertos es claro que detrás del asilo hay un movimiento político del lado argentino. De hecho, Rafael Correa fue un estrecho aliado de la exgobernante y hoy vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner.

“Al conceder el asilo, Argentina está actuando políticamente. Estamos hablando de que se sigue trabajando no sobre la base del derecho internacional, sino sobre la base de los intereses de gobiernos puntuales en función de sus alianzas”, dice Alarcón-Salvador.

Agrega que si se revisa la convención internacional en materia de asilo ”puede darse cuenta de la violación flagrante que tiene Argentina al otorgar asilo a Duarte. Basta un análisis simple para ver que estamos frente a una acción política que no tiene sentido alguno”.

Mantilla compara el caso con el que involucra al expresidente peruano Pedro Castillo. “Es una especie de ‘espíritu de cuerpo’ o ‘acuerdo tácito’ de los gobiernos ‘progresistas’ o de izquierda de la región de salir al paso para proteger a sus correligionarios. Eso es lo que ha hecho el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con respecto a Castillo en el Perú y eso es lo que está haciendo el presidente argentino Alberto Fernández con respecto de la exministra Duarte de Ecuador, quien hay que mencionar fue una colaboradora muy cercana del ex presidente Rafael Correa”, apunta.

Al hablar de cómo queda la relación entre Ecuador y Argentina, Alarcón-Salvador destaca que la forma en la que se ha manejado el tema no es la ideal. “El hecho de tener o enterarse de ultimátums a través de medios de comunicación y la forma en la que se ha conducido este tema no ha sido la mejor, por lo tanto, creo que la relación diplomática está muy afectada. Esperemos que se solucione de la mejor manera”, señala.