Mauricio Leal (derecha ) y Jhonier Leal aparecieron en entrevistas usando la misma prenda. (FOTO: Mi Vitrina/ Caracol Televisión).
Mauricio Leal (derecha ) y Jhonier Leal aparecieron en entrevistas usando la misma prenda. (FOTO: Mi Vitrina/ Caracol Televisión).

Trece entrevistas a personas cercanas al fallecido peluquero , al menos cuatro inspecciones judiciales, más de 200 fotografías de la escena del crimen, interceptaciones telefónicas y sofisticadas pruebas de victimología forense hacen parte del voluminoso expediente construido por la Fiscalía de Colombia en menos de dos meses y que llevó a que Jhonier Leal aceptara la responsabilidad en la muerte de su hermano y su madre Marleny Hernández.

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El caso fue entregado a Mario Andrés Burgos, fiscal primero ante el Tribunal Superior de Bogotá que tiene en su despacho, entre otros, el proceso contra Enrique Vives, señalado de atropellar a siete personas y causarle la muerte a seis de ellas el pasado 13 de septiembre en Santa Marta y quien en su momento lideró la investigación por la muerte del joven Sergio Urrego, quien debido a la discriminación que sufrió en su colegio se suicidó en el occidente de Bogotá en 2014.

La investigación fue supervisada por el fiscal general Francisco Barbosa que siguió en tiempo real las audiencias contra el capturado.

Las sospechas que surgieron en el equipo de investigadores desde el comienzo fueron ratificadas por cada evidencia que recolectaban: los videos de seguridad obtenidos con orden judicial ponían al capturado en el sitio del crimen, los hallazgos de colillas de retiro y derechos de petición encontrados en la casa de Jhonier ratificaban su interés de quedarse con el dinero de su hermano, los dictámenes de los peritos expertos señalaban por la posición de las heridas Mauricio no se las pudo ocasionar él mismo. Y así cada una de las evidencias científicas fueron apuntando a Jhonier como el principal sospechoso.

Foto de la mano del capturado en donde tenía una herida. (Foto: Fiscalía).
Foto de la mano del capturado en donde tenía una herida. (Foto: Fiscalía).

Aunque no había un solo testigo que presenciara lo sucedido dentro de la lujosa casa de la familia en La Calera todos los elementos recolectados enredaban a Jhonier.

Solo el examen de Medicina Legal a los cuerpos y los rastros recogidos en el sitio del crimen cuenta con 170 páginas que detallan los daños ocasionados por las heridas y el hallazgo de rastros del medicamento con el que Jhonier drogó a su hermano para reducirlo. Los peritos examinaron alrededor de dos mil audios de la voz de la víctima y cerca de 50 documentos escritos por él para concluir que el mensaje de despedida grabado y encontrado en su celular no correspondía a su voz y que la nota de despedida escrita de su puño y letra tenía irregularidades que apuntaban a que no la escribió de forma pacífica.

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Nunca antes como en este caso, La experticia de los peritos y agentes del CTI fue clave para encontrar los vacíos en un crimen que no fue perfecto.

Ahora lo que sigue es que avance la negociación que determine el preacuerdo que será presentado ante un juez de conocimiento.

Allí quedarán plasmados los compromisos que adquiere el procesado, la pena que pagaría y los delitos por los que emitiría la condena, así como los agravantes. Ese preacuerdo en todo caso tendrá que ser avalado y al mismo se podría oponer el representante de las víctimas.

El abogado Élmer Montaña, que representa a parte de la familia, señaló que no ha sido citado por la Fiscalía y que estará atento a las negociaciones para asegurar los derechos de las personas afectadas.

El preacuerdo podría llegar a ser apelado por alguna de las partes y pasaría a revisión del Tribunal Superior de Bogotá.

El procesado permanecerá privado de la liberad, por ahora en la Fiscalía, y luego el Inpec determinará el sitio de reclusión en el que pagaría su sentencia.

La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado por el parentesco, por estado de indefensión y sevicia, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Esos delitos le darían una pena de alrededor de 45 años de cárcel que se podrían reducir hasta la mitad por la aceptación de los cargos. Igualmente podrá redimir con trabajo y estudio parte de la pena desde su sitio de reclusión.

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