Los grupos armados en Colombia se incrementaron, fortalecieron y ampliaron su accionar en el país en 2021 y 2022, alertó el presidente del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), Camilo González, quien consideró que el nuevo Gobierno tiene un reto “supremamente grande” para enfrentar la recomposición de estas organizaciones macrocriminales.
“Lo que notamos es un incremento en los últimos tres años en cuanto al número de municipios (...) y ahora tienen presencia hasta en 345 municipios en los que los ‘narcoparamilitares’ desarrollan alguna actividad”, dijo González a EFE este martes al comentar el informe ‘Desafío a la paz total, lo que recibió el gobierno de Gustavo Petro, informe sobre presencia de grupos armados en Colombia 2021-2022′.
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Por su accionar armado y delincuencial los grupos bélicos más fuertes en el país son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, herederas de los grupos paramilitares, las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque este último registró un leve decrecimiento en cuanto a presencia.
Actualmente el Gobierno de Petro negocia la paz con el ELN. Por su parte, las disidencias de las FARC las forman grupos que no se acogieron al acuerdo de paz firmado por el grueso de esa guerrilla y el Gobierno colombiano en 2016.
Según el informe, en 2021 los grupos “narcoparamilitares” afectaban a 332 municipios en 2021. Para el 2022 su accionar se amplió a 345. Las estructuras “posFarc”, que se apartaron del acuerdo de paz de 2016, tuvieron acciones en 141 municipios y en 2022 en 161, mientras que el ELN se hizo notar en 184 municipios en 2021 y bajó a 162 en 2022.
González explica que en 216 de los 1.103 municipios de Colombia los grupos armados desarrollan actividades criminales de “alta intensidad y eso significa un aumento importante, alrededor del 20 %, desde el año 2020″ en el caso de los narcoparamilitares.
Sin embargo, según González, hay un aumento mucho mayor en las denominadas disidencias de las FARC porque aumentaron un 25 % su presencia en municipios del país.
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“En conjunto sí hay una recomposición de estos grupos armados para llegar a impactar con presencia de alta, media y baja intensidad en el país con acciones violentas, disputa de territorios, constreñimiento a población, agresiones de distinto tipo desde asesinatos hasta desplazamiento”, puntualiza.
Ese reacomodamiento se da por múltiples factores y están asociados a las mafias del narcotráfico, las economías ilícitas, la corrupción en contratación, el tráfico de armas y de personas, entre otros.
“Todas las mafias se han encadenado internacionalmente en mayor medida y en medio de la pandemia lograron mantenerse y expandir sus áreas de influencia”, sostiene González.
En esa dirección recuerda que los cultivos de coca en Colombia crecieron un 43 % en 2021, año en que fueron registradas 204.000 hectáreas sembradas mientras que en 2020 esa cifra fue de 143.000 hectáreas, según el informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, sigla en inglés) presentado en octubre.
“La producción de cocaína en los dos últimos años ha tenido un aumento, en toneladas métricas, del 15 %”, detalla.
LAS SOLUCIONES
González, un amplio conocedor del conflicto armado interno, sostiene que para ir en la dirección de acabar el conflicto es necesaria una “política de Estado no solamente una política de Gobierno”.
Además, el problema no se puede encarar como un asunto de grupos armados, “sino como un problema de una macrocriminalidad compleja que tiene también complicidad de sectores corruptos y de agentes del Estado, empresariales y en redes internacionales”.
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A eso se debe sumar el cumplimiento del acuerdo de paz firmado con las FARC y también desarrollar “una política pública de seguridad humana tanto estatal como de acción gubernamental con grandes inversiones”.
En este sentido aboga porque el conflicto no debe verse únicamente como un “asunto de guerra” sino que se tiene que “dar la mano a las poblaciones y a la juventud marginada y en esos territorios desarrollar planes de inversión a gran escala que compitan con las mafias”.
A todo lo anterior se le debe arropar con una “política anticorrupción muy fuerte dentro y fuera de la institucionalidad”.
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